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En camiones, como el que levantaba el polvo de las calles de tierra de la cooperativa Sergio Toral II en el noroeste de Guayaquil, se distribuyen las cocinas de inducción de distintas marcas que se entregan a las familias y que funcionan con electricidad de 220 voltios. Las ofrecen puerta a puerta en las casas que cuentan con medidores.

El financiamiento es estatal, a tres años plazo. El cobro se hace a través de las planillas de consumo de energía.

Es el caso de Cecilia Alay, de 52 años, quien compró una con horno hace quince días. “Insistían hasta que la trajeron. Decían que el gas subirá a $ 25”, dice. El presidente Lenín Moreno ratificó esta semana que no se eliminará el subsidio al gas por el que se paga hasta $ 800 millones al año, según el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER).

El mensaje llegó tarde a la Sergio Toral II en la que se ven flamantes medidores sostenidos con caña. La mayor parte de las familias de la cuadra de Cecilia vienen comprando desde hace semanas el combo de la cocina, que viene con ollas, plancha y licuadora, “como regalos” según les han dicho.

A Cecilia le dejaron los artefactos pese a que su hermano es el que consta como dueño del medidor. Su esposo, un albañil de 55 años, está en desacuerdo. “Se la dieron sin que mi esposa entregue la copia de la cédula y sin la firma de mi cuñado por lo que estamos viendo si la podemos devolver”, señala.

Aún así la venta de las cocinas de inducción propiciada por el régimen del expresidente Rafael Correa no ha tenido los resultados esperados, pese a que él mismo incentivaba la compra, como en el enlace sabatino del 6 de diciembre de 2014: “Los que dicen que apoyan la revolución ciudadana, los militantes de PAIS, deben ser los primeros en ir a adquirir esas cocinas de inducción”.

La meta estatal era que tres millones de cocinas de inducción estén en los casi 4 millones de hogares que hay en el país hasta el 2018. Pero desde septiembre del 2014 –cuando inició el Programa de Eficiencia Energética para la Cocción por Inducción (PEC)– hasta el 30 de septiembre pasado se han vendido 711 mil, es decir, estaría cubierto el 18% de las familias.

El 75% se vendieron con el financiamiento estatal. El resto, al contado o con créditos a empresas privadas, según el MEER. La venta a través de créditos quirografarios ha sido mínima desde febrero de este año: apenas 54. Y 6.790 se entregaron a los beneficiarios del bono solidario gubernamental.

Aún se dispone de 80.000 cocinas de inducción traídas de China por la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP), la mayor compañía de energía del país con 2’171.198 clientes residenciales regulados, el 50,1% del total, que viven en las seis provincias de la Costa, más Santo Domingo de los Tsáchilas, Bolívar y Sucumbíos, según el informe anual del sector eléctrico ecuatoriano. El MEER informa que se “prevén destinar estas cocinas principalmente a programas de vivienda de interés social”.

Al igual que Cecilia, Andrea –madre de tres hijos que cocina encebollados para la venta– deberá pagar $ 21,50 al mes por tres años por el combo ($ 774 en total) más el consumo mensual: “Nos dijeron que saldrá $ 6, $ 10 ya veremos cuando llegue la primera planilla, más la cuota, serían unos $ 30”.

Cecilia y Andrea las tienen aún en cartones porque deben cambiar el enchufe que instaló CNEL EP en sus cocinas porque no es compatible con el de las estufas. Pero dicen que prefieren no usarlas, ya que compran un cilindro de gas que usan para sus negocios de venta de comida en $ 2. Verónica, por ejemplo, tiene una cocina industrial con la que consume hasta tres cilindros al mes. “Me dijeron que la de inducción si me sirve para mis ollas grandes, aún no he probado”, dice.

Ana Mora, una ama de casa que vive en el centro sur de Guayaquil, también la compró. “Me animé”, afirma, pero también la tiene encartonada porque aún no tiene la conexión.

Ella teme un incremento en las planillas cuando se elimine el subsidio eléctrico de 80 kWh, que el Gobierno determinó como incentivo para que las personas migren del gas a la electricidad. “Me dijeron que solo darán por un año (se tiene previsto hasta el 2018, pero el ministro de Electricidad Medardo Cadena indica que se extendería el plazo)”.

Fuente: El Universo