La Confederación de Pueblos de la Nacionalidades Kichwas el Ecuador, Ecuarunari, presentó una denuncia contra la ministra encargada de Minería, Rebeca Illescas, por los delitos de perjurio y enriquecimiento ilícito, en relación a la adquisición de una propiedad en Quito.

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El documento fue presentado ante la Fiscalía General del Estado por Yaku Pérez, presidente de Ecuarunari, la mañana de este martes 6 de marzo del 2018.

Pérez acudió a la sede acompañado por el dirigente de la Confederación de Nacionales Indígenas del Ecuador (Conaie), Jaime Vargas. El escrito indica que cuando Illescas ostentó el cargo de viceministra de Minería, con anterioridad a su actual cargo, se produjeron irregularidades que contravienen los acuerdos ministeriales por los que está facultada para otorgar concesiones relacionadas con la minería metálica en el país.

Así, recogen que Illescas hizo constar que su patrimonio era de USD 243 000, según se desprende de un informe de la Contraloría antes de ser designada viceministra, y que posteriormente ese valor, según constataron los denunciantes, ascendió a más de USD 400 000 e incluye un inmueble en Quito, cuya propiedad comparte con otras personas.

Entre los copropietarios figuran los progenitores y la esposa del presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, y el presidente de la Cámara Nacional de Minería, Santiago José Yépez Dávila.

«¿Qué hace la Cámara Nacional de Minería de accionista junto con la antes viceministra y hoy ministra de Estado? Eso es conflicto de intereses. Eso es estar jugando con los sagrados intereses de los ecuatorianos», manifestó Pérez tras interponer la denuncia.

El presidente de Ecuarunari sostuvo que entre otros delitos la ministra encargada ha sido denunciada por el delito de perjurio, asociación ilícita y conflicto de intereses y podría enfrentar «probablemente» el cargo de enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada.

Illescas fue encargada como titular de Minería en febrero después de la renuncia del ministro Javier Córdova y antes de la consulta popular del 4 de febrero, en la que la ciudadanía respaldó el fin de la actividad minera metálica sin excepción en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos.

Fuente: El Comercio