Edwin Jarrín vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, indicó que los procesos para elegir al Contralor, se lo hace de la manera en que lo establece la Constitución, por medio de comisiones ciudadanas y el concurso que dura aproximadamente 6 meses, está permanentemente bajo la vigilancia ciudadana y existen espacios para presentar impugnaciones. Esta impugnación sirve para cuestionar al funcionario que está postulando para determinado puesto. Lo que piden ahora, es que el Contralor venga y “enfrente el proceso judicial y si es que es inocente saldrá como inocente pero si es culpable tendrá que cumplir lo que el Sistema Judicial establece”.
Manifestó que en ninguna parte de la norma está el investigar a los postulantes sino que al momento en que se posesionan ellos hacen una declaración patrimonial, pero una vez que ya hayan ganado el concurso. Indicó que el controlar Carlos Pólit, según lo tiene entendido, salió del país por temas de salud pero “nosotros como Consejo de Participación Ciudadana no somos una autoridad que puede determinar la prohibición de salida del país, la prohibición de enajenar bienes o dictar prisión. Nuestro rol no tiene que ver con eso, para eso existen instancias pertinentes y la Fiscalía está demostrando que está haciendo un trabajo independiente y eficiente”. Sin embargo, aclaró que esta investigación inició con el exfiscal Galo Chiriboga.
Jarrín sostuvo que viajó con el exfiscal Chiriboga a Estados Unidos, al Departamento de Estado, justamente para iniciar con las acciones y llevar adelante el proceso de investigación. Dijo que lo que permitirá hacer justicia es procesar a las personas involucradas. Aseguró que quizás todavía falte mucho por hacer en esta investigación “pero hay que reconocer los enriquecimientos de empoderamiento de ciudadanos y rendición de cuentas”.
El vicepresidente de la CPCCS indicó sentirse indignado de conocer que el Contralor esté involucrado en casos de corrupción ya que la Contraloría es parte de la función de transparencia y control social. Aseguró que si un funcionario público está involucrado en temas de corrupción debe ser procesado judicialmente.
