Ana Vera, directora de la Fundación Surkuna, afirmó, en NotiMundo a la Carta, que la mayoría de violaciones se dan en el entorno familiar o cercano de la víctima, quienes no tienen las garantías del Estado para una reparación integral.

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La reformas al Código Integral Penal (COIP) han abierto un acalorado debate acerca de temas polémicos, como la despenalización del aborto en casos de violación. Esto en medio de cifras alarmantes que detallan que cerca de 2 500 niñas por año quedan embarazadas producto de una violación en Ecuador.

La abogada y directora de la Fundación Surkuna, Ana Vera, explicó que cinco organismos procedentes de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) han determinado que obligar a una víctima de violación a continuar con un embarazo que es consecuencia de un abuso sexual es una forma de tortura.

Por este motivo, según Vera, el Estado tiene la obligación de garantizar los procesos necesarios de reparación integral de las víctimas de delitos sexuales.

“Se tiene que garantizar todas la opciones frente al embarazo de una agresión, una de estas es el aborto por violación. Sin embargo, también se debe exigir partos dignos, intervenciones obstétricas adecuadas y protocolos funcionales para la adopción”, subrayó Vera.

Además, la Directora explicó que la realidad del país acerca de la violencia sexual es más complicada que penalizar el aborto y aplicar penas más fuertes para los agresores. Esto se debe a que la mayoría de casos se dan en el entorno familiar o cercano de la víctima.

“Hemos realizado encuestas y el 80% de las personas han respondido que no denunciarían un caso de violación si el agresor es un familiar. Por este motivo, decir que se va a prevenir las violaciones endureciendo las penas no es real“, aseguró Vera.

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