La reforma de Ley Orgánica del Código Penal se comenzó a debatir este jueves 1 de agosto en la Asamblea Nacional; se trataron acciones integrales entre las entidades públicas y los ciudadanos en la lucha contra la corrupción.

Asamblea-Nacional01
La oficina de talento humano de la Asamblea remitió este jueves 26 de marzo un correo electrónico a los legisladores y sus colaboradores con un formulario en el que les pide un aporte voluntario frente a la crisis derivada de la pandemia del covid-19 en el país. Los fondos irán a la campaña 'Da una mano sin dar la mano', una plataforma web que permite adquirir kits de alimentos. Crédito: El Telégrafo.

La Asamblea Nacional inició este jueves 1 de agosto, el segundo debate de la Ley Orgánica Reformatoria del Código Integral Penal (COIP), que incluye iniciativas en materias de lucha contra la corrupción; delitos contra la integridad sexual y reproductiva de niñas, niños y adolescentes; seguridad ciudadana, reformas penales en materia de tránsito, entre otros.

Franklin Samaniego, miembro de la Comisión de Justicia, destacó la incorporación del proyecto de Ley Orgánica Anticorrupción y Protección del Denunciante.

La normativa tiene por objeto definir acciones integrales, compartidas, articuladas y conjuntas entre las entidades públicas y los ciudadanos en la lucha contra la corrupción desde todos los ámbitos, sean civiles o administrativos, adicionales a las que, por mandato constitucional y legal, le corresponden a la Fiscalía General para investigar delitos.

Establece que cuando una denuncia contribuya a la recuperación efectiva de bienes, dinero, fondos, activos y beneficios que sean el producto de actividades ilícitas, el denunciante podrá acceder a una compensación económica proporcional a los recursos que el Estado logre recuperar.

Otro tema importante que contempla la norma es la integridad sexual sobre niños y adolescentes. Como antecedente, Samaniego indicó que el informe Aampetra alerta sobre más de 7.000 casos de agresiones sexuales en escuelas.

Ante ello se han planteado dos alternativas: que las personas privadas de libertad busquen un tratamiento médico y psicológico para buscar un rehabilitación; y el juzgamiento en ausencia en casos de delitos sexuales.

En el segundo punto, lo que se ha planteado es que en caso de que se violente a un niño y no se presente el procesado para el juicio, la causa continuará y, de llegar a una sentencia, el violador será detenido.

Pero uno de los puntos de mayor polémica es el referente al aborto no punible en caso de violación, incesto o inseminación no consentida.

La presidenta de la Comisión de Justicia, Ximena Peña, explicó que esta figura del aborto no punible está ya vigente y lo que se hace con la reforma es crear excepcionalidades para no criminalizar la interrupción del embarazo.

Fuente: El Telégrafo – Nota Original: LINK