Fausto Camacho, representante del Observatorio Ciudadano Electoral, aseguró que la situación del CNE es compleja mientras no exista la voluntad para cumplir el cronograma.

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Con las últimas acciones anunciadas por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) para avanzar con el cronograma electoral de las próximas elecciones, son algunas las funciones que el organismo tiene que cumplir en un corto plazo, entre las cuales están; la organización del sistema de cómputoescrutinio, auditorías y transparencia en el proceso electoral. Todo esto en el marco de una crisis institucional desarrollada por disputas de funcionarios del Consejo.

El exconsejero del CNE y representante del Observatorio Ciudadano Electoral, Fausto Camacho, aseguró que las actividades pendientes a cumplir en el cronograma electoral “parece compleja” mientras no exista “la voluntad del conjunto” ya que siguen existiendo diferencias y formas de ejercer la función “carentes de transparencia”.

Camacho mencionó que la Comisión de Diálogo y Mediación,  y otras acciones de “buena voluntad” son “útiles” porque permite visibilizar la existencia de una crisis institucional,  y para que las actividades planificadas se cumplan “dependemos de la voluntad democrática de los 5 integrantes del CNE para que eso pueda suceder”.


Sobre la resolución de la asignación de fondo partidario permanente, Camacho recalcó que es un “tema complejo” en  el cual el CNE podría “terminarse de hundir o cumplir la norma”, y que hay una sentencia “en firme” del Tribunal Contencioso Electoral, organismo que “debe empezar el proceso” y debe de actuar en torno a la norma del Código Orgánico administrativo.

 

El exconsejero recalcó que “no hay una solución para reiniciar ese proceso (asignación de fondo partidario)” y que debería de haberse tomado medidas cautelares solicitando a los partidos la devolución del dinero que fue entregado “ilegítimamente”  porque “no hay un sustento legal”, o disponer a las entidades bancarias “que congelen esos fondos para  que no puedan ser utilizados”.

En relación a la aplicación del nuevo sistema de control de financiamiento de los partidos políticos, control de lavado, y otros más, Camacho mencionó “personalmente creo que no ( se realice)”  y aseguró que la Asamblea dispuso esas normas pero que luego desarrolló una disposición transitoria que anuncia que “el sistema entrará en plena vigencia después de 5 años” lo cual, según el funcionario; “es una burla que le hacen al pueblo ecuatoriano los asambleístas al aprobar la ley”.

 Camacho aseguró que las auditorías y registro electoral “ya se debieron empezar   hacer” y que para ello necesitan disponer un “plan de auditoría para el registro” posteriormente; se tiene que aprobar y socializar con las organizaciones políticas en un plazo de ley de 120 días, “parecería ser que van a quedar omiso de aquello” ya que;  de los 120 días, “ya se cumplieron los primeros 45 días, la cosa no es sencilla”, resaltó el funcionario.

Además Camacho mencionó que el sistema actual no tiene relación con los procesos electorales de los años 2019 y 2017, porque un nueva normativa establece una “distribución de las actas de escrutinio en la mesa”, por lo tanto, existe “3 ejemplares; el uno para el escrutinio en la junta provincial, otro para la transmisión de resultados, y otro para notificación pública” y añadió  “todo lo que hemos escuchado a la señora Atamaint sobre la potenciación de los recursos del sistema informativo; es para repetir lo que ahora la ley dice que ya no hay que hacerse”.

 

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