Unes y una facción de Pachakutik representan la “nueva mayoría” de la Asamblea Nacional. Esto tras la designación de Marcela Holguín (Unes) y Darwin Pereira (PK) como vicepresidentes del Legislativo. En NotiMundo Estelar, Juan Fernando Flores, jefe de bloque de la Bancada oficialista de Acuerdo Nacional (BAN), indicó que el correísmo no solo busca controlar el Parlamento sino también la Comisión de Fiscalización, esto para “acelerar los procesos de juicios políticos que ellos quieran manejar y, en función de eso, lograr llegar a otras estructuras del Estado para determinar perfiles que les resulten menos incómodos”, dijo Flores.

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El jefe del BAN, Juan Fernando Flores, aseguró que el futuro de la Asamblea es incierto pues no existe una hoja de ruta definida sobre las acciones que se llevarán a cabo en este poder del Estado. “De aquí en adelante nadie tiene claro cómo se va a llevar al Legislativo; al final del día este no es más que un reparto de puestos entre las bancadas”, enfatizó Flores y agregó que los ecuatorianos se preguntan “¿hacia dónde va el Parlamento?”.

En relación a las declaraciones de asambleísta por Unes, Pabel Muñoz, quien señaló que la “jugada maestra” de Flores le costó al legislativo “pulverizar la confianza ciudadana”; el parlamentario del BAN aclaró que esa supuesta “jugada”, es que ellos decidieron no ir con el correísmo en la Asamblea Nacional. “Al final lo que menciona Muñoz no solo es una realidad, sino que, al final, nosotros decidimos no ir con ellos”, recalcó.

Flores fue enfático en mencionar que Unes va a ir por la Comisión de Fiscalización porque para el correísmo “es incómodo que estén ahí asambleístas como Fernando Villavicencio y Ana Belén Cordero”, dijo y agregó que existirá una arremetida en contra de las voces disidentes.

Ley de Comunicación “mordaza”

Sobre la aprobación del informe de minoría de la Ley de Comunicación, Flores resaltó que están en pro de la libertad y no a favor de la “censura y la persecución a ningún ecuatoriano”. Detalló que uno de los artículos de esta normativa establece que la responsabilidad no va a ser civil sino de otra índole lo que “puede constituir afectaciones jurídicas que pondrían en riesgo los derechos de quienes ejercen la comunicación”.  

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