La diligencia se instaló a las 23:00 del jueves 28 de noviembre y se extendió hasta la mañana de este viernes, por 13 horas. La Fiscalía presume que las 33 personas procesadas se asociaron en una red para tráfico de influencias. Ellos fueron detenidos la madrugada a este jueves durante un operativo en seis provincias del país.
Teresa Rivas, abogada de Tuárez, calificó al caso como una persecución política porque están inmersos altos funcionarios. Afirmó que dentro de los indicios que ha presentado la Fiscalía no existe “un solo elemento, no existen contratos, no existen concesionamientos, no existen los USD 4 millones”.
#URGENTE l Juez Marco Guerra dicta prisión preventiva contra José Carlos T. Z., expresidente del CPCCS, y otros 26 investigados por presunta asociación ilícita para realizar tráfico de influencia en entidades públicas. Dispuso, además, medidas cautelares para otros 6 procesados. pic.twitter.com/xfJveWkYlE
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) November 29, 2019
Sobre la relación de Tuárez con el denunciante de las irregularidades, señaló que «ninguno, ya va a salir a la luz el nombre del activista político que está inmerso…»
Acerca de los audios donde interviene supuestamente el exfuncionario, dijo que no se «han materializado». El caso empezó a investigarse en agosto pasado por la denuncia de Eduardo Cedeño, quien dijo que le habían ofrecido un puesto de trabajo en la Dirección de Aviación Civil a cambio de una alta suma de dinero.
En ese mismo mes, cuando Tuárez -por voto mayoritario de la Asamblea- fue destituido del cargo en el CPCCS por arrogación de funciones.
Galo Quiñónez, defensor de otro acusado, afirmó que su defendido recibió medidas sustitutivas y negó que esté involucrado en tráfico de influencias. “No hay ninguna relación, es político (…) supuestamente se lo vinculó por tráfico ilícito”.
Fuente: El Comercio – Nota Original: LINK
