El Servicio de Rentas Internas (SRI) explicó, al menos, tres acciones que se aplicarán para tener una mayor eficiencia en la recaudación tributaria. Esta es una de las medidas del plan económico anunciado por el presidente Lenín Moreno este 2 de abril del 2018.

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Leonardo Orlando, director general del SRI, en una entrevista radial de este 3 de abril del 2018 mencionó que la entidad hará énfasis para evitar el fraude fiscal, se seguirá simplificando el trámite para pagar estos tributos y se aplicará la remisión (condonación) de intereses para quienes tienen cuentas pendientes con esta institución tributaria. Mediante la primera acción (evitar el fraude fiscal) el Estado espera recaudar USD 810 millones adicionales, entre 2018 y 2021.

Para obtener estos resultados se aplicará medidas de control tributario que ya está implementando el SRI y el Servicio de Aduanas. Entre estas Orlando destacó la facturación electrónica que se terminará en implementar en el próximo año con las pequeñas empresas, que facturan entre USD 300 000 y 1 millón.

De esta manera se evitará la emisión de comprobantes falsos. En el país se detectó una red de más de 800 empresas de “papel”, que fueron denunciadas anteriormente, que entregaban facturas “falsas”. La otra acción se refiere a incorporar herramientas tecnológicas que faciliten a los ciudadanos el pago de los impuestos mediante una plataforma web.

Según el funcionario, en la herramienta se agregan de manera automática a cada usuario un duplicado de las facturas electrónicas para facilitar la devolución de impuestos o la declaración de los mismos. Y evita también que las personas acudan personalmente a hacer estos trámites.

En cuanto a la remisión (condonación) para quienes tienen pendiente cuentas por pagar con el SRI, la entidad ha definido un esquema. Esta medida será por el 100% de los intereses, multas y recargos.

Estará dirigida a las micro, pequeñas y medianas empresas, con plazo de hasta dos años, y se hará extensivo a deudas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (municipios). En este grupo se incluye a los deudores no vinculados de la banca cerrada.

Para las grandes empresas se propone también una revisión del 100% de los intereses, multas y recargos, pero con un plazo de 90 días, siempre y cuando desistan de acciones legales nacionales e internacionales. Con la remisión se esperan ingresos adicionales por USD 1 600 millones en 2018, y por USD 1 300 millones anuales en los próximos años.

Fuente: El Comercio