Diego García, procurador General, en entrevista en Notimundo con Patricia Terán y Freddy Paredes, afirmó que el Estado ecuatoriano, una vez que pagó a la petrolera Chevron los 112 millones dólares por indemnización, está obligado a llevar adelante las acciones de repetición contra los jueces y servidores judiciales que estuvieron a cargo de las causas presentadas por la compañía que, según la decisión del Tribunal, incumplieron su obligación de administrar justicia de manera oportuna.
García señaló, además, que la Procuraduría pidió al Consejo de la Judicatura la información necesaria en relación a las actuaciones de los jueces y servidores judiciales a los que les correspondió la tramitación de las causas presentadas por Chevron-Texaco. «Al Consejo de la Judicatura le corresponde investigar la actuación de jueces que no resolvieron casos presentados a inicios de 1991 y que terminaron en 2011», dijo el funcionario, quien añadió que la demanda por repetición le permitirá a Ecuador recuperar los valores pagados como consecuencia del laudo que ascienden a 96 355 369 millones de dólares más intereses.
En dicho laudo, el Tribunal internacional concluyó que Ecuador había incumplido el Tratado Bilateral de Promoción y Protección de Inversiones suscrito con Estados Unidos, por una demora indebida por parte de los tribunales de Ecuador que no resolvieron los siete casos comerciales presentados por la petrolera norteamericana entre 1991 y 1994. Aun cuando Chevron-Texaco solicitó una indemnización de 1 605 millones de dólares, el Tribunal Arbitral, atendiendo los argumentos de la defensa del Estado, solo le concedió una fracción de este valor de aproximadamente 96 millones más intereses.
Sobre el caso del juicio penal por el delito de peculado instaurado contra los hermanos Isaías, y el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU, el Procurador afirmó que no hay una decisión que cambie lo resuelto por la Agencia de Garantías de Depósitos (AGD) y una decisión que obligue a retrotraer las acciones a la etapa anterior a la decisión de esta entidad, que en 2008 declaró la incautación de los bienes de los banqueros.
Asimismo, reiteró que tampoco hay una decisión que ordene un retribución de orden patrimonial, compensación económica o el pago de una indemnización. “Hay que tener claro, que cuando el Comité quiere ordenar una reparación económica lo dice con toda claridad”, afirmó García, quien indicó que este organismo recomendó al Estado ecuatoriano, a fin de dar plena reparación a los señores Isaías, les brinde un recurso efectivo en el ámbito interno respecto de la determinación de sus derechos civiles. Es decir, que se les provea el acceso a un proceso impugnatorio con las debidas garantías.
