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El Gobierno acusó hoy, 6 de septiembre del 2018, al Régimen anterior de no defender los derechos del país y las comunidades dentro del litigio en contra de la petrolera estadounidense Chevron. Y anunció que ha pedido al Procurador que “tome las acciones para sancionar a funcionarios que generaron daños en función del principio del derecho de repetición”.

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Según Eduardo Jurado, secretario jurídico de la Presidencia, el caso fue aprovechado por el Gobierno anterior “para ganar protagonismo político y mediático”.

El funcionario dijo que la anterior administración gubernamental gastó USD 10 millones en una campaña de comunicación nacional e internacional, denominada “La mano sucia de Chevron” para pretender hacer creer al país que personalidades internacionales apoyaban la causa, pero “en realidad estas recibían un alto pago a cambio de sus visitas al país con fondos públicos”.

Sin embargo, anotó que esas acciones podrían llevar al país a perder el caso que Chevron presentó en contra de Ecuador y que involucra un pago de USD 9 000 millones.

En el año 1993 un grupo de comunidades amazónicas, presuntamente, afectadas por la contaminación de operaciones de Texaco presentaron una demanda en la Corte Federal de Nueva York una demanda en contra de la petrolera.

El juicio se extendió por nueve años. Pero luego Chevron compró los activos de la petrolera y asumió, con ello, el litigio. Las comunidades ganaron el caso en corte local, que sentenció con un pago de USD 9 000 millones a Chevron. Chevron llevó el juicio al campo internacional.

En el 2010 la Corte de la Haya emitió un fallo argumentado que se violó el Tratado Bilateral de Inversiones con EE.UU. además del derecho internacional. En el 2014 la Corte de Nueva York decidió que la demanda en contra de Chevron era producto de un fraude y no podía darse.

El fallo de la Corte acusa al abogado de los demandantes de violación de la Ley y prohíbe la ejecución del fallo en EE.UU. El mismo año la Corte Suprema de Holanda ratificó la decisión del arbitraje solicitado por Chevron en contra de Ecuador. Y en el 2015 la Corte Penal Internacional dictó veredicto a favor de la petrolera.

“El Gobierno nacional defiende los derechos del país y de las comunidades afectadas en este caso, sin embargo, el país debe conocer que los derechos del país no fueron defendidos conforme a derecho internacional. El caso fue aprovechado por el anterior Régimen para ganar un protagonismo político y mediático.

El Régimen anterior suscribió contratos por más USD 10 millones para campañas de comunicación nacional e internacional y pretendieron hacer al país que las personalidades internacionales apoyaban la causa, pero en realidad estas recibían un alto pago a cambio de sus visitas con fondos públicos”, dijo Jurado.

Fuente: El Comercio