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El grupo correísta de Alianza País no podrá participar legalmente en la campaña política por la consulta popular. La directiva conformada por Gabriela Rivadeneira y Ricardo Patiño no está reconocida por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Para participar se requiere del auspicio de una organización social o política de carácter nacional.

El Telégrafo

La contratación de publicidad en prensa, radio, televisión y vallas solo se puede gestionar a través de la autoridad electoral.

El CNE destina para ello recursos públicos (fondo promoción electoral), para repartirlo entre las organizaciones que se inscriban para apoyar o rechazar las preguntas. El Consejo también se encargará de controlar los recursos que cada organización inscrita destine para hacer la campaña.

Esos montos provendrán directamente de cada partido o movimiento y sus aportantes. En los próximos días, el Pleno se reunirá para definir los montos tanto del fondo partidario como del límite de gasto. ​ Para participar en la contienda electoral, las organizaciones deberán inscribirse, del 8 al 12 de diciembre del 2017.

Cuando lo hagan, deberán presentar la resolución tomada por su directiva en la que consten las preguntas y las opciones (sí o no) por las cuales harán campaña.

La facción correísta de AP decidió votar no en todas las preguntas, el domingo, 3 de diciembre. Critican sobre todo las que tienen que ver con la reelección indefinida, reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y la derogación de la Ley de Plusvalía.

El lunes, Diario El Comercio intentó obtener la versión de Gabriela Rivadeneira, secretaria ejecutiva suspendida, sobre la forma en la que prevé hacer campaña. Su asistente indicó que ella no dará entrevistas por el momento.

En el encuentro del domingo en Esmeraldas, Ricardo Patiño habló de hacer talleres y capacitación en los barrios. Por otro lado, la facción afín al presidente Lenín Moreno se inscribirá por el sí. Ricardo Zambrano, secretario ejecutivo encargado, es la autoridad de Alianza País que está reconocida por el CNE, de acuerdo con la presidenta de la institución, Nubia Villacís.

El consejero Paúl Salazar indicó el lunes que los únicos que pueden inscribir a una organización política o social para la contienda son sus representantes legales, es decir, las directivas oficialmente registradas ante el Consejo.

Para inscribirse, Zambrano deberá presentar una copia notarizada del nombramiento como representante legal de AP, junto al formulario para la inscripción. Los requisitos constan en el Reglamento que aprobó el pleno del CNE, la semana pasada.

A esto se suma la copia de la cédula de identidad y la resolución indicando las opciones y preguntas que respaldarán.

La logística

Mientras tanto, dentro del CNE, los consejeros, directores y coordinadores nacionales siguen preparando los detalles para ejecutar la consulta.

El Pleno se reunió el lunes en la noche para designar a los directores de las juntas provinciales electorales. En la mañana, la autoridad electoral estableció el esquema presupuestario, a nivel de partidas, que fue enviado inmediatamente al Ministerio de Finanzas, para su aprobación.

El consejero Salazar indicó que, para iniciar cualquier proceso de contratación, deben contar con la certificación de dicha Cartera de Estado. Sin embargo, la autoridad electoral tiene solo 60 días, como plazo legal, para ejecutar la votación.

Por lo que desde el viernes, que aprobaron el Plan Operativo, se declararon en período electoral, lo cual implica que trabajarán los siete días de la semana, las 24 horas del día. Desde ese mismo día, iniciaron las reuniones de coordinación con otras entidades públicas, como el Ministerio de Trabajo, el Servicio de Contratación Pública, Instituto Geográfico Militar y el Registro Civil.

Hoy está previsto que sesionen para cerrar el registro electoral y el diseño de las papeletas. Salazar explicó que el presupuesto se redujo de alrededor de USD 60 millones a 48 millones. Pero advirtió que esto no compromete la operatividad y eficacia del proceso.

Al no tratarse de una elección general o seccional, señaló el consejero, el flujo de información es menor. Por lo tanto habrá una sola papeleta, lo que permite reducir los recintos de transmisión de resultados, los centros de procesamiento de resultados, las juntas y por ende el personal que será requerido.

El 7 de diciembre se espera hacer la convocatoria oficial a la consulta en cadena nacional.

Fuente: El Comercio