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El Gobierno afina detalles para la búsqueda de inversión privada para 22 áreas petroleras. Estos campos, que tienen reservadas estimados de crudo de entre 1,5 millones y 220,2 millones de barriles, saldrán a licitación en dos procesos: Intracampos e Intracampos II.

El Ciudadano

A diferencia de las rondas anteriores, campos menores y Oil&Gas, impulsadas por el actual Gobierno, en las dos nuevas licitaciones se promoverá la firma de contratos de participación.

Esta figura, donde la empresa privada asume el riesgo de la inversión, se podrá retomar tras los ajustes que se plantean a la Ley de Hidrocarburos, en la Ley de Fomento Productivo. La Asamblea analizará esta semana el veto a esta norma, enviado por el Ejecutivo el pasado 18 de julio del 2018.

Este proceso legislativo no incidirá en los tiempos previstos para hacer la convocatoria a Intracampos, mencionó el jueves 19 de julio del 2018 Carlos Pérez, ministro de Hidrocarburos, Electricidad y Minería. La meta es presentar esta oferta a los inversionistas en 15 días.

Para esta convocatoria se cuenta ya con el Decreto Ejecutivo 449, que modifica el reglamento para la aplicación de la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos. En este se detalla cómo se aplicarán los contratos de participación, que no se usaban desde el 2010. En esta licitación se buscará inversión para ocho bloques, ubicados en Sucumbíos.

En total, estos tienen reservas estimadas de 843,2 millones de barriles de petróleo, según la Secretaría de Hidrocarburos. Por estas áreas se espera una inversión de alrededor de USD 1 159 millones para actividad exploratoria. Esto permitirá, mediante la perforación, identificar nuevas reservas, que luego serán explotadas.

Además de estos ocho bloques, la empresa pública Petroamazonas está en un proceso para devolver a la Secretaría de Hidrocarburos 14 campos, en los que la estatal no ha intervenido desde que estos fueron identificados, hace cinco años.

Tampoco tiene planificado hacerlo en este momento. El desinterés para invertir en estas áreas se explica porque parte del presupuesto de la entidad está comprometido.