A la mesa de seguridad convocada por el Legislativo no acudieron los máximos representantes del Ejecutivo, como estaba previsto, lo que causó molestia y preocupación a las autoridades presentes. En Notimundo al Día, Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, denunció falta de voluntad política del Gobierno para frenar la creciente inseguridad en el país.

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En Notimundo al Día, el presidente de la Comisión de Seguridad, Ramiro Narváez, señaló que la Asamblea Nacional ha cumplido su labor para luchar contra la inseguridad, en la medida de sus competencias, que son la fiscalización y la legislación. Recordó que para diciembre estará lista la Ley de Desarrollo Fronterizo, que permitirá implementar una serie de medidas para reducir, por ejemplo, el ingreso de armas y drogas por los límites del país.

Asimismo, destacó la presentación de la Ley de Seguridad Privada, para que más de 70.000 guardias se conviertan en aliados de la Policía Nacional y el servicio integrado de seguridad ECU 911, para prevenir el cometimiento de delitos que afectan a la ciudadanía. También la Ley de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas, que aseguró será aprobada la próxima semana. «Desde la Asamblea, en la construcción y reforma de leyes, estamos sobrepasando el estándar, así que por ahí no es la ausencia de soluciones», añadió.

En este sentido, señaló que el presidente de la República, Guillermo Lasso, no ha implementado una política pública «seria y formal» en el tema de seguridad, tampoco ha destinado el presupuesto correspondiente, ni ha ayudado a la depuración de las instituciones de la fuerza pública, que es otra de las exigencias de la Asamblea. «Él (Guillermo Lasso) tiene en sus manos la mayor parte del protagonismo, y no lo está realizando«, criticó.

En cuanto a la propuesta de tenencia y porte de armas, Narváez dijo que el apuro y la urgencia no pueden ocasionar que se cometan errores en las leyes que se elaboran. Lamentó que cuando se abordan temas técnicos, varias bancadas legislativas se han sumado a la iniciativa de la Comisión que preside, para impulsar las reformas necesarias. Sin embargo, «cuando se trata de politizar el tema y generar populismo, es mucho más difícil», sostuvo y añadió que esa propuesta es utilizada por algunos políticos para ganar simpatía entre la ciudadanía.

Según Narváez, el armar a la población demuestra que el Estado, responsable de la seguridad en el país, «no lo pudo hacer». Consideró que el porte de armas no es la solución para la inseguridad en Ecuador, pues al autorizar su tenencia y uso, no garantizará que se depure la Policía y Fuerzas Armadas, o que se reestructure el sistema de rehabilitación social, que son los problemas de fondo. No obstante, aclaró que es necesario debatir esta y otras reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) que se plantean, como la inimputabilidad de menores de edad.

El legislador también cuestionó que el anuncio del Gobierno de destinar USD 1.200 millones adicionales para proyectos de seguridad no se ha cumplido, así como la conformación de una comisión multidisciplinaria para que refuerce el trabajo de la Comisión de Seguridad, que fue propuesta por la Asamblea en 2021 y que hasta la fecha no se ha hecho realidad.

«Si el Ejecutivo tiene la hoja de ruta, las recomendaciones y diagnósticos, ¿por qué no actúa?», enfatizó.

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