En cumplimiento del mandato del artículo 47 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, las principales autoridades de la Función de Transparencia, del Consejo Nacional Electoral, el Fiscal General, el Defensor Público, del Tribunal Contencioso Electoral, acudieron ante el Pleno de la Asamblea para presentar un informe de labores, correspondiente al año 2015.

En efecto, Galo Chiriboga, fiscal General del Estado; Patricio Baca, presidente del Tribunal Contencioso Electoral; Ernesto Pazmiño, Defensor Público; Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral, así como Carlos Ochoa, superintendente de Comunicación, en representación de la Función de Transparencia y Control Social, rindieron cuentas de su gestión.

Carlos Ochoa destacó que se ampliaron los mecanismos de acercamiento ciudadano a través de capacitaciones virtuales, potenciaron las redes sociales, a través de la difusión y cobertura de eventos, talleres, al resaltar la implementación del Plan Nacional de Prevención y Lucha Contra la Corrupción 2013 – 2017.

“Estamos cada vez más cerca de la gente que requiere de la Defensoría Pública”, afirmó Ernesto Pazmino, al puntualizar que la interacción directa con la ciudadanía constituye su compromiso institucional. Enfatizó que los ciudadanos que por su indefensión o condición socioeconómica o cultural no pueden contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos, hoy cuentan con una asesoría especializada de los defensores, de los cuales 256 son especialistas en derechos humanos y género.

Mientras, Patricio Baca indicó que en el año pasado capacitaron a 25 mil alumnos, para que conozcan de forma directa cuáles son sus derechos y cómo pueden reclamarlos frente a una violación legal o constitucional. Comentó que la ciudadanía y la Patria deben tener la seguridad que en el proceso electoral de 2017 seguirán actuando con transparencia e imparcialidad en beneficio de los ecuatorianos y la democracia.

El fiscal Galo Chiriboga resaltó la creación de 50 unidades especializadas en violencia de género, en las 13 provincias con mayor incidencia de delitos como son Loja, Chimborazo, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Pichincha, Manabí, Sucumbíos, Azuay, Carchi, Cotopaxi y Tungurahua. Además, 14 fiscalías especializadas integradas en violencia de género, adolescentes infractores y personas y garantías en Bolívar, Cañar, Imbabura, Pastaza, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas y Zamora Chinchipe.

También, expresó que por primera vez en la historia judicial se investigan graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

Uno de los hitos principales, es el resultado del proceso electoral en “La Manga del Cura”, donde por la vía democrática se solucionó un conflicto de más de cincuenta años. El 2016 constituye un año significativo para el CNE, pues alcanzará la Certificación en la Especificación Técnica ISO/TS 17582, que se otorga a los organismos que promueven eficiencia, efectividad y gestión de todo el ciclo electoral con servicios confiables y transparentes, en el marco del Convenio con la OEA, dijo, de su lado, Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral.