La renovación del estado de excepción que decretó el presidente Lenín Moreno para hacer frente a la pandemia del coronavirus llega a su fin. Durante 90 días, el Gobierno implementó restricciones a la movilidad, con el objetivo de contener el avance del covid-19.

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En estos tres meses, el Jefe de Estado firmó 56 decretos ejecutivos, remitió tres proyectos de Ley a la Asamblea Nacional y adoptó un paquete de medidas para mitigar el impacto económico que vino de la mano con la emergencia sanitaria.

El Mandatario describe a la situación de este trimestre como “una guerra” o como la “peor crisis de la historia”. Durante una entrevista con la cadena NTN24, el Mandatario reconoció que el brote del coronavirus golpeó “duro” al Ecuador.

Al ser consultado sobre su responsabilidad se sinceró y respondió: “tal vez no ser lo suficientemente acuciosos como para saber determinar el elemento humano, los elementos administrativos, tecnológicos, de insumos, con los que se debía contar en un momento determinado. Nadie conocía exactamente cómo funcionaba el tema del coronavirus”, manifestó.

Casa adentro, Moreno reformó la estructura de la Presidencia. Según la Secretaría de Comunicación, el cambio respondió a la eliminación de la Secretaría Anticorrupción, entidad creada por Moreno, pero que solo duró 15 meses. En la misma línea, oficializó la fusión de nueve instituciones públicas. Además, suprimió otras seis entidades, como Inmobiliar y el Servicio de Contratación de Obras.

También dispuso la extinción de 11 dependencias, entre ellas Tame, Ferrocarriles del Ecuador o Siembra EP. Esta disminución del tamaño del Estado busca reducir USD 4 000 millones del gasto público. Así lo explicó el Presidente. Según cifras del Ministerio de Trabajo, durante la vigencia del estado de excepción 173 000 personas perdieron su empleo en el sector privado.

Con un decreto, dejaron el Régimen funcionarios que eran cercanos al Jefe de Estado. Ese es el caso de Alexandra Ocles, extitular de la Secretaría de Riesgos, salpicada por un presunto sobreprecio en la compra de kits de alimentos. Ocles era una de las tres funcionarias que seguía en el Gobierno desde el inicio del periodo de Moreno.

Otro colaborador cercano que salió fue Paúl Granda, también señalado por la compra de insumos con sobreprecio en el IESS. Las irregularidades en la salud pública hicieron que Moreno se reuniera con las otras funciones del Estado para plantear una reforma legal con penas más severas para los delitos de corrupción. Además, reformó el reglamento para la adquisición de fármacos.

Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, cree que el Presidente intentó reaccionar a través de la vía legal ante la indignación ciudadana por los casos de sobreprecios en el contexto de la emergencia. Moreno y la ministra María Paula Romo negaron el reparto político de hospitales, pero Rodas insiste en que hay elementos dentro del Estado que confabulan en actos ilícitos.

Las otras dos leyes que remitió Moreno, con carácter económico urgente, son la Humanitaria y la de Ordenamiento de Finanzas Públicas. Aunque tuvo que eliminar parte de sus propuestas para conseguir respaldo en el Pleno. El politólogo Simón Pachano cree que en estos tres meses se evidenció la poca capacidad de maniobra que le queda al Ejecutivo en la Asamblea.

Incluso el Presidente y miembros del Gabinete tuvieron cruces con legisladores. En cadena nacional, el Jefe de Estado pidió un “respiro político” para enfrentar la crisis. Además, Pachano cree que el Gobierno no logró concretar el llamado a la unidad con los partidos políticos. La noche del 16 de marzo del 2020 Moreno declaró el “estado de excepción por calamidad pública en Ecuador”, por 60 días, frente a la pandemia del covid-19.

Entre otras medidas, el Gobierno dispuso un toque de queda y delegó al Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional la regulación de las medidas de restricción para intentar contener la propagación del coronavirus. En mayo, el estado de excepción fue ampliado por un mes. Está previsto una nueva extensión con otro Decreto, ahora que la mayoría de cantones ha cambiado el semáforo rojo a amarillo.

La Secretaría de Comunicación del Gobierno (Secom) informó que “la Presidencia se encuentra preparando el nuevo instrumento legal para el sistema de semaforización en los 221 cantones”. Añadió que estará listo la próxima semana. La ministra Romo advierte que ahora los objetivos son la reactivación económica, sin descuidar la salud. “Es importante que no se ha dado marcha atrás a ninguna medida, porque no ha sido necesario”.

Nota Original: El Comercio – LINK