A casi un año de que la Corte Constitucional despenalizara el aborto en caso de violación, la Ley para regular el procedimiento irá al Registro Oficial al concluir su trámite en la Legislatura.

Créditos: Flickr de la Asamblea

La Asamblea empezó a sesionar anoche, para resolver el veto parcial del Ejecutivo, a pocas horas de que terminara el plazo de 30 días que tenía para pronunciarse. Cerca de las 19:00, la presidenta Guadalupe Llori suspendió la sesión tras no aprobarse una moción de allanamiento. Se habrá producido así un allanamiento tácito.

El trámite de este proyecto estuvo atravesado por indecisiones de los legisladores hasta el final. Antes de que se instalara la última sesión del Pleno para la resolución, volvieron a evidenciarse las discrepancias entre las bancadas.

Desde el correísmo, Pierina Correa dijo que insistirá para que la Asamblea se allanara a las objeciones del Ejecutivo a 61 de los 63artículos. “El veto presidencial, tal como está redactado, si bien no es perfecto ni cubre todos los ámbitos ni todas las aristas, es el que más se acerca y respeta la sentencia de la Corte Constitucional ” (CC), dijo.

Sin embargo, la legisladora reconoció que ni su propia bancada estaba dispuesta a apoyar su propuesta. “Irónicamente no (respaldan). Por eso yo pedí que la votación de mi bancada se liberara”.

El presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro Jaramillo (ID), preparaba una moción para votar el texto por bloques si no se conseguían los 92 votos para rechazar el veto y ratificarse en el texto aprobado por el Pleno y si tampoco se reunían los 70 para allanarse.

“Los puntos críticos siguen siendo los mismos: temporalidad, requisitos, objeción de conciencia. Pero en el diálogo que vamos a tener con aquellos asambleístas que votaron abstención es el punto clave”, agregó la ponente del proyecto, Johana Moreira (ID).

La moción todavía no estaba lista hasta pasado este mediodía. “Esto obviamente se construye a través de los diálogos y consensos necesarios. Vamos a luchar hasta el final por tener una ley justa y reparadora”, argumentó Moreira.

La legisladora criticó duramente que Lasso estableciera en 12 semanas el plazo máximo para el aborto por violación, sin distinción de niñas y mujeres adultas. Además, que incluyera a una denuncia juramentada como requisito y que los médicos puedan aplicar a la objeción de conciencia hasta institucional. El oficialismo consideró que la Asamblea debe resignarse a que el texto vaya al Registro Oficial conforme a las objeciones por el Ejecutivo, por el escaso tiempo que les quedó para debatir.

De esto responsabilizó a los 75 asambleístas que el 6 de abril aprobaron una moción para pedir el pronunciamiento de la Corte Constitucional y que este organismo catalogó de improcedente.

“Se apruebe o no la moción el día de hoy entra por allanamiento tácito, si es que no se aprueba la moción. Esa es la situación a la que nos han orillado esos 75 asambleístas que apoyaron la consulta a la Corte Constitucional”, dijo Arias.

Ricardo Vanegas (PK), calificó como “una vergüenza” a la actuación de la mayoría de la Comisión de Justicia que sugirió al Pleno remitir dicha consulta a la Corte.

“Ya se resolvió enviar en consulta a la corte constitucional y el tema se quedó agotado”, expresó. La norma fue requerida por la CC cuando despenalizó el aborto por violación, el 28 de abril del 2021.

Otros temas

Después de más de mes y medio de sesiones irregulares por los intentos del PSC, el correísmo y el ala radical de PK de activar una comisión para remover a Llori (PK), el Pleno retomó este jueves cuatro sesiones suspendidas.

En una de ellas compareció el ministro de Agricultura, Pedro Álava, quien presentó un informe frente a la crisis del sector agropecuario, entre otras, detalló las acciones de control a exportadores por el precio oficial del banano.

La Asamblea recibió del Ejecutivo el veto total por inconstitucionalidad a la reforma a la Ley de Educación Intercultural Bilingüe que incrementaba el sueldo a los maestros. El texto pasará a revisión de la Corte Constitucional.

Fuente: El Comercio – Nota original: LINK