Desde este 7 de abril corre el plazo de diez días para que el Presidente de la República, Guillermo Lasso, presente su respuesta a las acusaciones y pida la práctica de pruebas por parte de los interpelantes del juicio político. En Decisiones con Jorge Ortiz, tres visiones aportaron al debate sobre los escenarios que Ecuador podría presenciar durante los próximos 45 días que tiene la Comisión de Fiscalización para presentar su informe.

En Decisiones con Jorge Ortiz, la legisladora por CREO, Ana Belén Cordero, explicó que los cálculos respecto de los votos que tendría la oposición y el oficialismo en el proceso de juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lasso, deben manejarse con «prudencia», pues el plazo de 45 días que existe para el caso iniciaron a correr este viernes 07 de abril de 2023.

Consideró que entre la bancada correísta de UNES y del Partido Social Cristiano (PSC) existen cerca de 63 votos de apoyo a la solicitud, lo que dejaría un margen de 35 votos faltantes para llevar a cabo el cometido de materializar el juicio político.

No obstante, la bancada oficialista cuenta con 24 votos, con lo que se necesitan 20 votos más para impedir el objetivo de la oposición. «Lo más importante es que nos asiste la razón y la lógica en este juicio de mentiras», añadió.

Así mismo, ratificó que con la notificación emitida el jueves 06 de abril, realizada por la Comisión de Fiscalización a las partes, el presidente Lasso se defenderá mediante las pruebas de descargo que entregará mediante su procurador, Edgar Neira.

Para Martín Pallares, periodista y columnista, el escenario es más sombrío, pues no se están tomando en cuenta las voluntades de facciones como las de Pachakutik o de la Izquierda Democrática, que podrían completar los votos necesarios para destituir al Primer Mandatario.

Sin embargo, aclaró que defenestrar al Presidente por la causal de peculado que se lo acusa, «es muy débil, y algunos de los asambleístas saldrán mal parados, por más que tengan los votos».

Por otra parte, señaló que en Ecuador existe un «estado anímico apocalíptico», por factores como la inestabilidad política y la ola de inseguridad y violencia, por lo que una eventual caída del Presidente representaría un nuevo problema para la población.

Además, rechazó la posibilidad de que con la salida de Lasso el vicepresidente Alfredo Borrero pueda gobernar, pues las intenciones de los opositores irían más allá, para tratar de poner a alguien más, «como el presidente de la Asamblea, y tendremos un gobierno parecido al que hubo con Alfredo Palacio o Fabián Alarcón«.

De su lado, Pedro Freile, excandidato presidencial, compartió el criterio de que la presunta omisión en el caso de peculado que se lo acusa a Lasso no tiene la suficiente fuerza, por lo que perder el caso en el ámbito jurídico significaría que el Jefe de Estado «jamás  tuvo un abogado cerca». «Sólo un idiota podría perder en lo jurídico un juicio como este», apuntó.

También se refirió a la supuesta intención del Gobierno para comprar voluntades al interior de la Asamblea Nacional, como lo denunció en días pasados la bancada socialcristiana. «La preocupación que me da es que esto se consiga por votos que se consiguen políticamente, y que la expectativa que se tenía de que el Gobierno sea honesto, se caiga», sostuvo.

Freile consideró que el Presidente todavía tiene la oportunidad de «salvarse», pero para esto se requieren acciones inmediatas que sean palpables por la población, como la generación de empleo o la lucha frontal contra la inseguridad. En este último, indicó que una medida eficaz podría ser la aplicación del nivel 3 de defensa, que consiste en sitiar una zona «caliente» para intervenirla con las armas, como si se tratase de una frontera invadida por un enemigo extraterritorial, «es decir, a bala«.

«Para eso se necesita tener valentía y asumir las consecuencias, que en un mundo tan sensible como el que vivimos, implicaría incluso un juzgamiento penal«, sentenció.

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