En Notimundo, Marcelo Ortega, presidente de la Comisión de Resolución en Primera Instancia de la Superintendencia de Control del Poder del Mercado, se refirió a la prohibición para que seguros de salud terminen unilateralmente contratos.

Marcelo Ortega, en Notimundo con Freddy Paredes y Patricia Terán, se refirió a las dos medidas preventivas en contra de las empresas de medicina prepagada y aseguradoras que oferten pólizas de asistencia médica.

Ortega explicó que fueron las autoridades del IESS quienes dieron conocimiento a la Superintendencia el accionar de varias empresas de medicina prepagada después de la normativa aprobada por la Asamblea Nacional. Una de las acciones que tomó la Superintendencia es la suspensión temporal de las terminaciones unilaterales de los contratos corporativos de medicina prepagada de las empresas que ofrecen esos servicios. Ante esto dijo Ortega, que si la empresa tomó la decisión de dejar sin efecto los contratos de seguro y esto tiene efectos jurídicos, la Superintendencia tiene potestad para dejar sin efecto estas acciones. “Deberán regresar al estado anterior y recontratarse en las mismas condiciones que estaban vigentes para los seguros corporativos” añadió.

La segunda medida que dictó la Institución es la prohibición temporal para que otros operadores del mercado terminen unilateralmente los contratos empresariales de medicina prepagada o seguros médicos. Estas medidas tienen una vigencia de 180 días.

Las medidas anunciadas por la Superintendencia fueron anunciadas tras la denuncia de Richard Espinosa y Geovana León, presidente del Directorio del IESS y su directora Ejecutiva, cuando 160 000 contratos corporativos de medicina prepagada iban a ser cancelados por la empresa Salud S.A. Su decisión se habría dado porque la Ley de Medicina Prepagada establece que las empresas a asumir los costos de las atenciones que se realicen los afiliados al IESS o pacientes que acudan al sistema del Ministerio de Salud Pública, que tengan contratado un seguro privado. Por ello, el sector ha indicado que esto les significará un aumento de la siniestralidad.

Ortega informó que las empresas podrán apelar estas medidas.