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En 2012, la organización Protección Animal del Ecuador (PAE) colocó una demanda constitucional en contra del Municipio de Quito por el incumplimiento de lo dictado en la consulta popular, específicamente en la pregunta 8 referente a los espectáculos públicos en los que se da muerte a un animal.

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“¿Está usted de acuerdo que en el cantón de su domicilio se prohíban los espectáculos que tengan como finalidad dar muerte al animal?”, fue la pregunta de la consulta popular del 2011.

Según Esteban León, abogado de PAE, aunque el 50,8% de los quiteños votó  por la prohibición de la muerte de los animales en eventos públicos, esto aún ocurre. La razón: el Cabildo reformó la ordenanza 127 (secciones 13, 14 y 15), y con eso, manifestó León, el toro, ya sea en privado o en público, muere.

El jurista y representantes legales del Municipio, entre ellos Mónica Amaquiña, participaron ayer en una audiencia en la Corte Constitucional. Amaquiña sostuvo que la ordenanza no se contrapone con la consulta popular. La Corte estableció un plazo de 72 horas para revisar las ponencias.