El Gobierno de Nicolás Maduro se niega a aceptar esta ayuda argumentando que son «limosnas» e incluso ha bloqueado con vehículos militares y rejas removibles el puente -Tienditas, uno de los que conecta a Venezuela con Colombia, por el que se preveía que podía ingresar el cargamento.
«Apoyamos de manera irrestricta esta medida que se ha tomado de buscar la ayuda humanitaria. Nosotros necesitamos que llegue esa ayuda humanitaria porque es la vida de muchos venezolanos lo que pudiera preservarse«, dijo la presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, Ana Rosario Contreras, al rechazar la negativa de Maduro.
La enfermera, que ha sido una de las principales voces del sector salud para denunciar la grave crisis de los hospitales públicos, insistió en una rueda de prensa en que el Estado tiene la «obligación» de permitir el ingreso de este apoyo porque de «lo contrario estaría incurso en un delito de lesa humanidad».
«Porque estarían colocando en grave situación la vida de los venezolanos que hoy dependen de esta ayuda, hoy tenemos pacientes trasplantados que tienen una semana sin recibir el tratamiento«, apuntó Contreras a manera de ejemplo, pues las personas trasplantadas necesitan recibir su medicación de forma diaria.
La enfermera remarcó que en los hospitales el personal médico debe hacer «prácticamente milagros» para poder atender a sus pacientes debido a que además de faltar los medicamentos, también hay fallos de equipos.
Según Contreras, el Colegio de Enfermeras se está articulando con la Comisión Especial de Seguimiento a la Ayuda Humanitaria del Parlamento para garantizar que el apoyo llegue a quienes lo necesitan.
La ayuda humanitaria que proviene de empresas de capital venezolano en el extranjero, de Estados Unidos y Colombia, está llegando en principio a centros de acopio en la ciudad colombiana de Cúcuta, según ha dicho el Parlamento.
Se espera que llegue a otros centros en Brasil y una isla del Caribe que todavía no se ha precisado.
Los enfermeros venezolanos se mantuvieron en protestas constantes durante el año 2018 por las bajas salariales y los problemas que afectan a los centros de salud.
Las demandas de este sector pasaron luego a convertirse en exigencias de buena parte de los trabajadores públicos ante el agravamiento de la crisis económica, que también ha causado escasez de alimentos y una inflación que cerró el 2018 en 1.698.844,2 %.
Fuente: EFE, aliado estratégico de FM Mundo
