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Hasta mediados de noviembre, la Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional que investiga casos de violencia sexual entregaría su informe al pleno de la Legislatura.

Asamblea Nacional

Esa es la expectativa que tiene la legisladora y presidenta de esa comisión ocasional, Silvia Salgado, del movimiento Alianza PAIS (AP).

Lo indicó al terminar la sesión número 10 que recibió a los exministros de Educación, Augusto Espinosa, y Freddy Peñafiel, quienes dieron a conocer las acciones y políticas implementadas para combatir el abuso sexual en menores de edad.

Espinosa, quien fue titular de Educación entre 2013 y 2016, sostuvo que mientras ejerció el cargo hizo lo que estuvo a su alcance para “minimizar” esos casos. Agregó que se siguió construyendo un sistema integral de protección con ejes de prevención, reacción y remediación, sistema que, a su criterio, sin embargo, siempre tendrá falencias.

“Mientras haya un solo pero un solo menor abusado todo lo que se habría hecho antes sería absolutamente insuficiente”, dijo Espinosa, quien es asambleísta por AP.

Espinosa sostuvo que la Asamblea debería reformar leyes para que no se tengan que suscribir convenios interinstitucionales.

“En 2014, para atender estas situaciones tuvimos que suscribir un convenio con el Consejo de la Judicatura, con la Fiscalía y con el ministerio de Educación, el ministro (Fander) Falconí otra vez está suscribiendo convenios (…) eso nos da cuenta de que no hay institucionalidad”, acotó.

Sobre cifras de violencia sexual respondió que en 2013 no se pudo tener datos porque no había un sistema de registro que se lo implementó un año después.

Sin datos hasta el 2014

“Desde mediados del 2014 hasta que salí del ministerio (noviembre 2016), habíamos logrado recopilar en el sistema, alrededor de 382 casos de violencia sexual y los casos resueltos, hasta ese momento, quiere decir que se agotaron todas las instancias fueron 154, es decir el 44%, y los otros estaban todavía en trámite”, agregó.

Según Peñafiel, quien fue ministro entre diciembre 2016 y mayo de 2017, se implementaron los Departamentos de Consejería Estudiantil (Deces), que lo integran psicólogos educativos, psicólogos clínicos y trabajadores sociales en 1.768 instituciones.

“El trabajo de los Deces es quizá la punta angular para resolver el problema de violencia”, sostuvo Peñafiel. Agregó que se necesitan $200 millones anuales para mantener un sistema de consejería estudiantil en todas las entidades educativas. Planteó la necesidad de incrementar el presupuesto para educación.

Para Salgado hasta el momento hay dos conclusiones: el reconocimiento a falencias en la operatividad de ciertas políticas públicas y reformar algunas normativas para que no haya justificativos para decir que no se hizo.

Previo a la elaboración y entrega del informe, la comisión deberá recibir al presidente del Consejo de la Judicatura, al Defensor del Pueblo y al Fiscal General.

Fuente: El Universo