Efraín Soria, coordinador general de la Fundación Equidad, manifestó que desde hace mucho tiempo los colectivos LGBTIQ+ tratan de impulsar políticas públicas que garanticen los derechos de esta comunidad. Lamentó que "nunca" tuvieron cabida durante los regímenes anteriores -refiriéndose al de Rafael Correa y al de Lenín Moreno-. En ese sentido, manifestó que aplauden la apertura de Guillermo Lasso frente a las necesidades de este grupo, e indicó que están a la espera de que "cumpla su palabra y fomente la participación" diversa.

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En NotiMundo Al Día, el coordinador general de la Fundación Ecuatoriana Equidad, Efraín Soria explicó que el pasado lunes, 7 de junio, varias organizaciones LGBTIQ+ se reunieron con la Secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez y con el Secretario de Planificación, Jairo Merchán. Soria precisó que en el encuentro se resolvió incorporar a la comunidad de manera transversal en el Plan Nacional de Desarrollo, incidir en que las encuestas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) incorporen la desagregación por orientación sexual e identidad de género, y avanzar en la implementación del registro único de violencia contra este grupo.

La reunión se efectúo horas después de que Ordóñez anunciara en una entrevista con NotiMundo que el Gobierno de Lasso implementará la primera política pública integral de violencia contra la comunidad. La secretaria indicó que esto lo harán construyendo protocolos de los diferentes servicios que presta el Estado y garantizando la no discriminación.

Por otro lado, Soria puntualizó que la población LGBTIQ+ lo “único que pide” es que el Gobierno les garantice el pleno goce de los derechos de los ecuatorianos. “No queremos un trato especial, solo que nos traten de la misma manera que todos los demás“, agregó. Señaló que en el país todavía hay una deficiencia, para este grupo, en el acceso a la salud, trabajo, educación y; principalmente, en la seguridad.

El coordinador de la Fundación Equidad resaltó que en Ecuador los crímenes de odio, de estigma y de discriminación se mantienen latentes. Soria aseguró que “la Fiscalía del Estado, la Defensoría Pública y la del Pueblo” no tienen un registro ni políticas de atención para las víctimas de estos crímenes.

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