A las 09:00 de este lunes 20 de julio del 2020 está previsto que se reinstale la audiencia de apelación del caso Sobornos. En el mezzanine de la Corte Nacional de Justicia, los jueces David Jacho (principal), Dilza Muñoz y Wilman Terán, darán a conocer su resolución: modificar o confirmar la sentencias.

La Fiscalía y la Procuraduría solicitaron que se confirmen las condenas ya que en el juicio se confirmó la existencia de una estructura delictiva que habría sido dirigida por Correa. Crédito: Twitter Corte Nacional.

A las 09:00 de este lunes 20 de julio del 2020 está previsto que se reinstale la audiencia de apelación del caso Sobornos. En el mezzanine de la Corte Nacional de Justicia, los jueces David Jacho (principal), Dilza Muñoz y Wilman Terán, darán a conocer su resolución: modificar o confirmar la sentencias.

En este caso hay 18 personas que fueron halladas culpables de cohecho. Entre ellas está el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas y antiguos funcionarios de su gobierno como María de los Ángeles Duarte, Vinicio Alvarado, Walter Solís, Christian Viteri y Viviana Bonilla.

Ellos fueron condenados a ocho años de prisión. Durante las audiencias de apelación, la mayoría de los defensores pidió que el Tribunal anule la sentencia.

Argumentaron que el fallo no fue notificado de forma completa y que el Tribunal de Juzgamiento no valoró adecuadamente las evidencias y pruebas de descargo.

A excepción de Pamela Martínez, exasesora de Correa, los demás acusados pidieron que se ratifique su estado de inocencia.

Martínez, quien tienen un acuerdo de cooperación con la Fiscalía, pidió que se aplique la reducción de su condena. En la primera instancia, la exfuncionaria fue sentenciada a 38 meses y 12 días de cárcel.

Esta vez, ella solicitó que se le concede el beneficio por colaboración y que se le sentencie a 9 meses de prisión, es decir el 10% de la pena máxima.

Por otro lado, la Fiscalía y la Procuraduría solicitaron que se confirmen las condenas ya que en el juicio se confirmó la existencia de una estructura delictiva que habría sido dirigida por Correa.

Esta organización tendría como objetivo recibir aportes económicos de contratistas del Estado, dijo la fiscal Diana Salazar, en las audiencias.

 Fuente: El Comercio – Nota Original : LINK