La Unión Nacional de Estudiantes (UNE), la principal entidad estudiantil de Brasil, aseguró hoy que, si la presidenta Dilma Rousseff es despojada de su cargo, los movimientos sociales "no reconocerán" un eventual Gobierno del actual vicepresidente, Michel Temer.

«Un futuro Gobierno Temer es un Gobierno ilegítimo, fruto de un golpe de Estado y será deslegitimado en las calles», aseveró la presidenta de la UNE, Carina Vitral, en una rueda de prensa con corresponsales extranjeros en Sao Paulo.

El vicepresidente es el líder del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), la mayor fuerza electoral del país y principal aliado del Gobierno hasta que el pasado mes rompió con el Ejecutivo.

Su relación con Rousseff está, además, en punto muerto y la presidenta lo ha llegado a acusar de ser uno de los «jefes de la conspiración» que la quiere echar del poder.

«Pararemos las universidades y las escuelas publicas para luchar contra el Gobierno golpista», recalcó Vitral sobre la posibilidad de que asuma la presidencia Temer, sobre quien un reciente sondeo muestra que los brasileños que protestan en las calles quieren también su cese.

Vitral señaló también que la votación del pasado domingo en la Cámara de Diputados, que decidió dar continuidad al juicio político contra Rousseff y pasar el proceso al Senado, fue una «batalla perdida», pero alertó: «No perdimos la guerra».

Según la activista, «al contrario de lo que pasó en la Cámara, la lucha contra el golpe venció en la calle», donde el clima de opinión es «más favorable» a la mandataria.

«La juventud brasileña se ha posicionado de forma bastante decisiva» contra el juicio a Rousseff, agregó Vitral, quien opinó que los grupos juveniles que se manifestaron a favor del proceso son minoritarios y no responden a asociaciones «orgánicas, que forman parte de barrios, escuelas o espacios reales».

«No son los jóvenes que se movilizaron en junio de 2013», cuando tuvieron lugar en Brasil masivas manifestaciones que reclamaban mejorías en los servicios públicos, apuntó.

Por el contrario, dijo, se trata de «líderes falsos» que se organizan «únicamente» a través de las redes sociales y cuentan con «videos bien elaborados y buen márketing».

Una estrategia con la que, apuntó, «se intenta convencer a los jóvenes que nunca tuvieron actuación en la vida política para que apoyen el juicio», pero el perfil de quien protesta contra la presidenta sigue siendo de «alguien mayor de 40 años, con educación superior y una renta mayor a la media».

La activista también explicó que la organización está preparando nuevas paralizaciones para presionar a la sociedad contra la destitución de la mandataria y que, si esta se produce, impulsarán una huelga general en el sector educativo.

«No es tanto defender a Rousseff como a la democracia y al legado de derechos sociales que conseguimos conquistar en los últimos años», recalcó Thiago Pará, secretario general de la UNE, que fue uno de los movimientos más simbólicos en la lucha contra la dictadura militar que se instauró en el país entre 1964 y 1985.

En este sentido, la vicepresidenta de la entidad, Moara Saboia, argumentó que la nueva generación de jóvenes crecieron «estudiando en los libros de historia lo que era un golpe de Estado» y, ahora, -continuó- «vivimos la posibilidad de que destruyan la democracia con la excusa de luchar contra la corrupción».

«No defendemos el Gobierno en sí, porque Rousseff no estaba implementando el proyecto elegido en las urnas de aumentar los derechos y su ajuste fiscal era el principal motivo de nuestras críticas (…)», insistió Vitral.

Pero, agregó, «no podemos crear un precedente de que cualquier Gobierno sin popularidad pueda sufrir un impeachment».

La UNE fue justamente una de las entidades que más defendieron el juicio político contra el hoy senador Fernando Collor, que renunció a su mandato en 1992, un día antes de que el Senado lo destituyera.

Sin embargo, aclaró Vitral, en el caso de Collor «existía una comisión parlamentaria que investigó varias denuncias de corrupción» y, en el caso de Rousseff, «no existe crimen de responsabilidad», delito que recoge la Constitución brasileña para deponer a un mandatario.