Un estudio de la organización Women’s on the web revela que los pedidos de aborto de parte de las mujeres embarazadas infectadas con el virus del Zika se han duplicado en países como Ecuador, Venezuela y Brasil. Este grupo de mujeres buscan píldoras abortivas a través de internet en organismos de ayuda sin fines de lucro.

La revista médica New England Journal of Medicine indicó ayer que en los países que se emitieron las alertas sobre el Zika se han registrado aumentos en las peticiones de pastillas abortivas a la ONG Women’s on the Web. Ante esta situación, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha pedido a los países donde circula el virus que faciliten el acceso a la terminación del embarazo a todas las mujeres que así lo deseen.

Después de que se recibieron las primeras advertencias sobre el potencial riesgo de malformaciones congénitas asociadas al Zika, los investigadores analizaron el número de peticiones registradas en los últimos seis años en 19 países de la región y concluyeron que entre noviembre de 2015 y marzo de 2016 los pedidos se duplicaron en países como Brasil, Venezuela y Ecuador.

Notimundo solicitó a los voceros del Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP) confirmar los datos presentados en este estudio. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no hay una respuesta concreta que determine si existen casos de aborto por el virus del Zika en el país.

Cabe recalcar que las píldoras para el aborto de Women’s on the Web, solo se ofrece durante el primer trimestre del embarazo, periodo en el que no se puede confirmar si el feto ha sido afectado por el virus del Zika. Los investigadores han señalado que las malformaciones, como la microcefalia, podrían no aparecer hasta bien avanzado el segundo trimestre del embarazo.

En Ecuador, según el Código Penal (COIP) en su art.150, la mujer que cause aborto o permita que otro se lo cause, será sancionada con cárcel de seis meses a dos años. Sin embargo, no se sanciona el aborto si se lo practica para salvar o preservar la salud de una mujer o si el embarazo es consecuencia de una violación, siempre y cuando la persona tenga una discapacidad mental.