En un acto de entrega de viviendas en Santa Cruz, Morales dijo que fue invitado a participar en la marcha por el dirigente de la Central Obrera Departamental (COD), Rolando Borda, quien en 2015 fue el candidato oficialista a la gobernación cruceña.
«El domingo vamos a cumplir diez años de nacionalización (…) Voy a estar el domingo en la marcha con el pueblo cruceño, con la COD para recordar muchas normas, muchas políticas que hemos implementado», señaló el mandatario.
Salvo una interrupción entre 2010 y 2013 por diferencias con los dirigentes de la entidad, el presidente Morales ha participado en las marchas del Día del Trabajo organizadas por la Central Obrera Boliviana (COB), cuyos actuales representantes son aliados políticos del mandatario.
En el caso de Santa Cruz, será la segunda vez que Morales marcha junto a los sindicatos de esa región, a los que ya acompañó en la celebración del 1 de mayo en 2013.
La próspera Santa Cruz actualmente es gobernada por el opositor conservador Rubén Costas, mientras que el alcalde de la ciudad homónima es Percy Fernández, aliado del oficialismo.
Santa Cruz fue considerada hasta hace unos años el bastión de la oposición boliviana, aunque ahora el oficialismo tiene una mayor presencia, sobre todo en las áreas rurales y en los barrios más pobres de la ciudad.
Desde que asumió la Presidencia por primera vez en 2006, Morales suele aprovechar el 1 de mayo para hacer públicos los beneficios aprobados para los trabajadores, como los aumentos salariales, y también para anunciar nacionalizaciones de empresas estratégicas.
Además, el 1 de mayo del 2013 el gobernante anunció la expulsión de Bolivia de la agencia de cooperación estadounidense (Usaid), bajo la acusación de injerencia política y para «nacionalizar la dignidad de los bolivianos», según dijo entonces Morales.
En mayo de 2006, el mandatario decretó la nacionalización de los hidrocarburos y obligó a las trasnacionales petroleras que operaban entonces en Bolivia a suscribir nuevos contratos.
Morales reiteró hoy que su país recibió 31.500 millones de dólares en la última década por tributos, regalías, patentes y participaciones pagadas por las petroleras debido a la nacionalización del sector.
