En la diligencia, la Fiscalía concluyó la presentación de su prueba y fue el turno de las defensas de los procesados para contradecir la acusación que indica de que son responsables directos del delito de lavado de activos. Cada uno de los sujetos procesales tenía anunciada prueba pericial, testimonial y documental para anclar su defensa.
La acusación de Fiscalía apunta a que Larrea junto con su esposo y cuñado obtuvieron de forma irregular contratos por aproximadamente $ 91,1 millones entre el 2008 y el 2018. El principal cliente de las compañías que habrían constituido ellos fue el IESS, seguido por coordinaciones zonales de Salud y el Ministerio de Salud Pública.
Las pruebas presentadas en audiencia indicarían que los procesados crearon una fachada, colocando dinero en el sistema financiero nacional fondos que habrían sido transferidos entre las cuentas de las empresas involucradas, simulado que los mismos provenían de proveedores y clientes.
La etapa de juzgamiento en este caso inició el 11 de noviembre pasado en el Complejo Judicial Norte, localizado en Quito, ante un Tribunal Penal de Pichincha. La diligencia se instalará el próximo 27 de noviembre a las 10:30.
El artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal sanciona el delito de lavado de activos con una pena privativa de libertad de uno a trece años.
Nota Original: El Universo – LINK
