Cincuenta días se han cumplido desde el día que se conoció sobre el secuestro y el Consejo de Seguridad Publica del Estado (Cosepe) decidió entregar información a los familiares. Los familiares instaron a la Fiscalía General del Estado que solicite los documentos al Ejecutivo y los incorpore a la investigación.
Lo mismo solicitaron a la Fiscalía colombiana. Agregaron que la información recibida la mantendrán en cadena de custodia y, por medio de un notario público, se garantizará la inviolabilidad de los mismos.
El fin de este accionar está direccionado a entregar toda la información a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y, por este medio, al Grupo Internacional de Expertos creado para investigar este tema. «La información entregada por el Ejecutivo será sellada, trasladada con medidas de seguridad y abierta de manera exclusiva ante el grupo de expertos quienes junto a las familias realizarán un análisis minucioso del contenido», explicaba un comunicado remitido por los familiares.
Exhortaron que la repatriación de los cuerpos sea una obligación de los estados de Ecuador y Colombia.
Fuente: El Telégrafo
