Se inició una investigación en contra de la ministra de gobierno, María Paula Romo, y del secretario Anticorrupción, Ivan Granda; la denuncia pide investigar a los funcionarios por usar bienes del Estado en el último feriado de Carnaval.

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Los legisladores Lourdes Cuesta y Roberto Gómez señalaron que los funcionarios incurrieron en un supuesto mal uso de bienes públicos. Crédito: El Telégrafo.

La Fiscalía General del Estado inició una investigación previa en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y del secretario de Anticorrupción, Iván Granda, funcionarios del actual Gobierno de Ecuador. La institución lo informó la mañana de este jueves 15 de agosto del 2019.

“Dando el mismo tratamiento que corresponde a toda denuncia, la Fiscalía General del Estado acogió la interpuesta por el abogado Pedro Granja e inició, el 14 de agosto, una investigación previa en contra de los ministros María Paula Romo e Iván Granda“, dijo el organismo en un comunicado.

La denuncia pide investigar a los ministros por usar bienes del Estado en el último feriado de Carnaval: un avión de la Policía para trasladarse desde Salinas (Santa Elena) hasta Esmeraldas, para pasar vacaciones en Casa Blanca, el pasado 3 de marzo, por el asueto nacional.

Los legisladores Lourdes Cuesta y Roberto Gómez señalaron que los funcionarios incurrieron en un supuesto mal uso de bienes públicos y presentaron el pasado 8 de agosto en la Asamblea una solicitud de juicio político en contra de los funcionarios.

El 30 de julio, Romo pidió a la Contraloría que realice un examen especial al uso de bienes públicos durante su gestión en el Ministerio del Interior. “En ningún momento he actuado ni hemos actuado por fuera de la norma”, dijo.

Asimismo, la Policía emitió un comunicado en el que señaló que el traslado aéreo de la Ministra cumplió con los protocolos y procedimientos de la entidad. “Ratificamos nuestro compromiso por garantizar la seguridad de la Sra. Ministra del Interior”.

Esa fuerza dijo también que “es atribución y responsabilidad de la institución, disponer el empleo de la logística dentro de los parámetros legales, reglamentarios y del ordenamiento jurídico”.

La Fiscalía deberá determinar si existen elementos de convicción para iniciar un proceso penal. En la fase de indagación previa, que se desarrolla de forma reservada, “se analizarán varias diligencia a fin de llegar a establecer si hubo o no infracción”, agrega la Fiscalía en su comunicado.

El Código Orgánico Integral Penal (COIP), al referirse a los delitos contra la eficiencia de la administración pública, puntualiza que “las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, determinadas en la Constitución de la República, en beneficio propio o de terceros; abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos o privados, efectos que los representen, piezas, títulos o documentos que estén en su poder en virtud o razón de su cargo, serán sancionados con pena privativa de libertad de diez a trece años”.

Fuente: El Comercio – Nota Original: LINK