“Fiscalía va a aperturar dos investigaciones más: Tanto por el fraude procesal, como por la presentación de un contrato que se pretendió justificar una compra de un vehículo, a lo cual, Fiscalía va a solicitar las copias certificadas del proceso y aperturar esas dos investigaciones más”, informó la fiscal Tania Moreno, quien llevó adelante el proceso.
Dentro de este caso denunciado por el Ministerio del Interior, recibieron una sentencia de 13 años y tres meses de cárcel el exgeneral de la Policía Fausto Tamayo y el exteniente Alexis Cifuentes como autores del delito de delincuencia organizada. Además, deberán pagar una multa de 14.640 dólares por la venta se pases policiales.
En su resolución, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha hizo referencia a que el excomandante Tamayo aprovechó de su cargo en la Policía para obtener beneficios económicos y materiales. Además utilizó bienes públicos para sus actividades personales e ilícitas.
Respecto al exteniente Cifuentes, el Tribunal manifestó que el procesado lideró la estructura delictiva dedicada a la comercialización de traslados en la Policía Nacional. Además, utilizó su cargo público como asistente de la Presidencia de la República para cometer el ilícito. Así manejó información privilegiada y abusó de su poder ya que se benefició económicamente de los recursos obtenidos de la venta ilícita de pases.
Tras la audiencia que duró casi un mes, otros nueve procesados fueron declarados culpables como coautores y fueron sentenciados a nueve años y tres meses de cárcel y al pago de 20 salarios básicos unificados (7.320 dólares).
Mientras que la madre del exteniente Alexis C., la única civil procesada en este caso, fue sentenciada a 5 años de privación de la libertad.
La jueza Maritza Romero indicó que la procesada se extralimitó en la administración de los bienes de su hijo y colaboró con las actividades ilícitas en las que él participó.
En el desarrollo de la diligencia, tres procesados fueron sentenciados a 10 meses de privación de la libertad como coautores. Ellos colaboraron con la Fiscalía entregando información relevante que ayudó a desarticular la organización delictiva que operaba en las dependencias de la institución policial.
La Fiscalía investigó los hechos registrados entre octubre del 2014 y julio del 2015, periodo en el que se habrían negociado 1.317 pases policiales, por los cuales se habrían pagado entre 1.000, 1.500 y 2.000 dólares.
Por estos hechos, el 06 de junio del 2016, la Fiscalía logró que el juez Marco Rodríguez llame a juicio a 15 policías y una civil.
