Dos horas le tomó ayer al fiscal general subrogante Wilson Toainga presentar el contenido de las 44 pruebas documentales que, para él, le ayudan a fundamentar su teoría de que en este caso existió un peculado que nace en la adjudicación del contrato de exploración y explotación del campo petrolero Singue.

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Este jueves 14 de noviembre, se reinstaló la audiencia del caso Singue. Crédito: Twitter Fiscalía Ecuador

Con ello, cerca del mediodía y usando casi cinco jornadas de audiencia de juzgamiento, la Fiscalía concluyó la presentación de la prueba pericial, testimonial y documental que mantiene para acusar a 15 procesados. El presidente del Tribunal de Juicio, Iván León, dio varias horas a los acusados para que revisen la documentación y ejerzan su derecho a la contradicción.

En su alegato de apertura, Toainga, el lunes último en el inicio de la diligencia, aseguró que probará de que en la Secretaría de Hidrocarburos sin presentar un informe sustentado se aprobó una licitación para la adjudicación, que el campo Sigue contó solo con la oferta del consorcio Dygoil Consultora y Servicios Petroleros Cía. Ltda y la firma Gente Oil Development LLC (DCG) y que con la adjudicación del contrato se produjo un perjuicio para el Estado de $ 28 millones.

El delito se habría dado en el 2012 cuando la Secretaría de Hidrocarburos y DCG suscribieron un contrato de prestación de servicios para la exploración y explotación del campo Singue.

Durante el cuarto día de audiencia, la Fiscalía presentó tres peritos que informaron al juez León y a los conjueces Javier de la Cadena y José Layedra, parte del Tribunal de Juicio de la Corte Nacional de Justicia, sobre los análisis que realizaron dentro de la etapa de investigación previa e instrucción fiscal.

Según Fiscalía, el primer perito, a quien lo presentó como un experto en negociación petrolera, concluyó que la tarifa de $ 33,5 por barril producido, establecido en el contrato para el campo Singue no cuenta con la razonabilidad técnica para haber sido fijada en la negociación.

Además, una perito de contratación pública habría precisado inconsistencias en el formulario 4 de la oferta, determinando que la misma no cumplió con la experiencia solicitada para la adjudicación, por lo que debió ser descalificada. Sin embargo, habría dicho, se inobservaron estas inconsistencias y al ser la única oferta se prosiguió con el proceso de negociación.

Luego de la intervención de la Fiscalía, será el turno de participar de los abogados de la Procuraduría General, como acusadora particular, la Contraloría General y las defensas de los acusados, entre quienes están el exministro coordinador de los Sectores Estratégicos, Jorge Glas, los exministros Carlos Pareja Yannuzzelli y Wilson Pástor; y la hija de este último, Silvana Pástor.

De estos cinco días de audiencia los abogados de los procesados tiene su lectura en la que coinciden en que hasta el momento no hay prueba que revele el peculado que quiere acusar la Fiscalía.

Para Genaro Cruz, defensa de Ramiro Cazar, exsecretario del Comité de Licitaciones Hidrocarburíferas, todos los peritos y testigos presentados por Fiscalía han ayudado a demostrar que no existe ni un solo elemento que lleve a pensar que existe un delito en esta concesión petrolera, la cual, aclara, ha sido beneficiosa para el país.

Como débil y pobre fue calificada la prueba de la Fiscalía por parte de Pablo Encalada, abogado de cuatro extécnicos que participaron de las etapas de evaluación de las ofertas y negociación.

“Primero, la jefa del equipo de Contraloría reconoció no tener título profesional al haber hecho el informe y luego dijo que era su primera experiencia en un caso de explotación petrolera; después un perito que acudió dijo que no era perito acreditado por el Consejo de la Judicatura; luego otro que trajeron, que era experto nuevo, dijo que a ojo de buen cubero él creía que había bastantes reservas… Solo con esto ya el Tribunal tendría que ratificar el estado de inocencia”, indicó.

Nota Original: El Universo – LINK