En Notimundo al Día, Pablo Encalada, abogado penalista, rechazó que la audiencia donde se dictó el sobreseimiento a Miguel Ángel Nazareno, alias ‘Don Naza’, junto con dos personas más, haya sido reservada y no pública, como se había anunciado desde la Fiscalía General del Estado.
Explicó que la publicidad de los procesos judiciales son un principio constitucional desde hace más de 200 años, pero que en la práctica no se cumple con esta disposición, pues es el juez quien determina quién puede presenciar y ser partícipe del proceso. «Espero que en algún momento podamos tener una verdadera publicidad, porque es la única forma de tener una contraloría social», agregó.
Encalada precisó que en el caso de ‘Don Naza’ no se podía llevar adelante el proceso penal, debido a su fallecimiento, pero sí llama la atención que se haya dictado un sobreseimiento. «Cuando una persona muere, no significa que no haya sido culpable, sino que el Estado pierde la posibilidad de llevar adelante el caso», detalló el Jurista, y añadió que la figura legal que cabía en este caso es el auto de extinción de la acción penal.
Por ello, Encalada criticó que también se haya aplicado esta figura para dos personas que formaron parte de la estructura de Nazareno, lo que hace pensar el dictamen de sobreseimiento no se hace sobre la base del fallecimiento, si no motivado en que no existiría el delito de captación ilegal de dinero. «Lo que dice el juez es que todos son inocentes», apuntó.
@pencaladah: “Cuando una persona muere no significa que no ha sido culpable. Lo que cabía es un auto de extinción, solo respecto de él, no para su esposa y una persona más. Aquí se dice que todos son inocentes”
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— NotiMundo (@notimundoec) April 18, 2022
De igual forma, Encalada cuestionó este tipo de prácticas que se siguen dando en Ecuador, pues considera que la mayor parte de los involucrados en estas pirámides son personas que, pese a conocer que es un acto criminal en el que están participando, la ambición les lleva a buscar dinero fácil y rápido.
Además, rechazó que la Superintendencia de Bancos no ejecute controles más rigurosos en cuanto a estas prácticas, donde incluso participan autoridades de las ciudades donde funcionan. Esto, sumado a que se ha visto la participación de miembros de la fuerza pública, lo que en cierta manera da tranquilidad a quienes forman parte del negocio, «pero finalmente todas las pirámides caen».
Encalada recordó que la Fiscalía tiene la posibilidad de apelar la decisión en la Corte Provincial de Los Ríos, para determinar responsabilidades en las dos personas que también fueron sobreseídas y se apliquen los procedimientos respectivos. «Si vemos cómo funcionan estas fórmulas para la captación de dinero en otras partes del Ecuador, terminan dañando la economía del país», puntualizó.
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