La Fiscalía formulará cargos contra María Sol L., Marcelo E., Carlos E. y varias empresas por su presunta participación en el delito de lavado de activos. La audiencia se realizará este martes 26 de noviembre, a las 12:00, en el Complejo Judicial Norte.

Fiscalía determinó irregularidades en un contrato para la adquisición de medicamentos. Imagen- Archivo

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona el delito de lavado de activos con pena privativa de libertad de 1 a 13 años, dependiendo de los montos del delito, de si existió asociación para delinquir y de si el delito fue cometido utilizando instituciones públicas o dignidades, cargos o empleos públicos, según determina el artículo 317.

María Sol L., excoordinadora del IESS, se encuentra detenida desde agosto de 2017. Cumple sentencias por los delitos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y peculado. La Fiscalía confirmó en su momento que María Sol L. y su esposo tenían empresas y que contrataron con el IESS, entre ellas un centro de diálisis, que pasó de tener un capital de USD 98,000 a USD 250,000 , en cinco años.

En ese juicio, María Sol L. aceptó el ilícito y la figura del procedimiento abreviado, con lo que se le dictó una condena de 20 meses de cárcel. En un segundo proceso, en enero de 2018, Fiscalía determinó irregularidades en un contrato para la adquisición de sesenta ítems de medicamentos por cinco millones de dólares y se la sancionó por el delito de tráfico de influencias.

El pasado 8 de noviembre, la exfuncionaria también fue procesada por el delito de peculado. Fue condenada a un año de pena privativa de libertad, en el grado de cómplice de dicho ilícito. Luego de los procesos penales en su contra, María Sol L. aún no ha pagado USD 4.4 millones como reparación a favor del Estado.

María Sol L. fue directora general del Hospital Carlos Andrade Marín, coordinadora nacional del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, asesora del Despacho y coordinadora general de Planificación del Ministerio de Industrias y Productividad, entre el 1 de enero de 2010 y el 15 de junio de 2015.

Fuente: El Comercio – Nota Original: LINK