La mañana de ayer se ejecutó un operativo en la Unidad de Brevetación y Títulos Habilitantes de la Comisión de Tránsito del Ecuador, en Guayaquil.

El Telégrafo

Una vez más la Policía y Fiscalía intervinieron la Unidad de Brevetación y Títulos Habilitantes de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE). El operativo fue ejecutado, la mañana de ayer, por los agentes de la Dirección General de Inteligencia (DGI) de la Policía Nacional y Fiscalía, en el edificio de la institución, en el centro de Guayaquil.

El control no solo se realizó en los predios de la entidad, sino también en locales situados en los alrededores, en las calles Brasil, Cuenca, Chile y Chimborazo. En total fueron ocho allanamientos hasta el mediodía. Sin embargo se conoció que a las 16:00 el operativo aún no concluía. Hasta el cierre de esta edición, no se confirmó si hubo detenidos.

José Gálvez, director ejecutivo de la CTE, indicó a través de su cuenta de Twitter, que al término de la acción informarán a los que perdieron sus turnos, qué día de la próxima semana serán atendidos. “¡Ratificamos nuestro firme compromiso de colaborar con la justicia en la lucha contra la corrupción en todas sus formas!”, escribió.

Walter Suárez Farías, uno de los siete fiscales que participaron en las incursiones, manifestó que “luego de un trabajo de investigación se estableció que hay una red entre funcionarios de la CTE y tramitadores que se dedican a actos ilegales. Hay una conexión entre estas personas y recibirían dinero extra”. Detalló que entre las irregularidades investigadas está la entrega de licencias de conducir, la anulación de la reducción de puntos en el mismo documento, la eliminación de multas por infracciones, entre otras.

El fiscal precisó que el sistema informático de la CTE fue intervenido, ya que alguna persona (sin precisar quién) presuntamente lo manipuló. No se adelantó a mencionar si algún funcionario facilitó la clave de acceso. Los peritos informáticos del Departamento de Criminalística y Ciencias Forenses analizarán la evidencia. Miriam M., una ciudadana que estaba afuera del edificio de la CTE, se quejó de que tramitadores estafaban a quienes acudían a solicitar algún documento.

Ella confesó que ‘cayó’ en la red de tramitadores y que pagó $ 130 por renovar la licencia de conducir tipo B. “Eso me pasó el jueves de la semana pasada. Hubo un señor que me dijo que pagó $400 por otro trámite”. El 13 de diciembre de 2017 se dio un operativo en varias provincias por la misma irregularidad; 51 personas fueron detenidas.

Fuente: El Telégrafo