La Fiscalía General de Estado acusa a Iván Espinel, exministro de Inclusión Económica y Social, y a su amigo Walter Andrade, de un presunto delito de lavado de activos en base a una presunción de introducción de fondos ilícitos a su patrimonio, un dinero del que se ha pretendido “aparentar” un origen legal, según la fiscal del caso.

El Telégrafo

Ivonne Proaño, fiscal de la Unidad de Lavado de Activos, sugirió en la audiencia de formulación de cargos contra los procesados que el supuesto caudal de dinero ilegal puede estar relacionado con las otras investigaciones que enfrenta Espinel, procesos por peculado y enriquecimiento ilícito que cuestionan su labor como directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IEES).

Espinel y Andrade fueron detenidos y sus viviendas allanadas entre la noche del viernes 6 y la madrugada del sábado 7 de abril. Y de comprobarse las acusaciones podrían enfrentar una pena privativa de libertad de entre 10 y 13 años.

La jueza Paola Dávila, titular de la Unidad Judicial Multicompente de Samborondón, dictó prisión preventiva para los dos involucrados la tarde noche del sábado tras escuchar los elementos de convicción de la Fiscalía y los descargos de la defensa en una diligencia de tres horas de duración en el Complejo Judicial de Samborondón.

La Jueza acogió el pedido de la Fiscalía, dispuso el congelamiento de fondos de las cuentas bancarias del exministro y prohibió la enajenación de un bien inmueble de Espinel (una casa valorada en USD 335 000) y de un vehículo híbrido de lujo (USD 36 000) –de acuerdo con la acusación la compra del auto no se justificó en sus declaraciones juramentadas-.