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La fiscalía de Perú solicitó este viernes al Poder Judicial dictar prisión preventiva para los representantes de tres empresas peruanas socias de la brasileña Odebrecht en la construcción de una carretera interoceánica, por cuya adjudicación presuntamente recibió coimas el expresidente Alejandro Toledo.

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“Equipo especial requirió hoy al Poder Judicial prisión preventiva para los representantes de las empresas peruanas socias de Odebrecht, recientemente incorporadas a la investigación por el pago de coimas en el Proyecto Vial interoceánica Sur, tramo 2 y 3”, señaló el ministerio Público en Twitter.

De inmediato, el Poder Judicial, también en Twitter, anunció que programó la audiencia de prisión preventiva para este domingo 3 de diciembre, a las 09H30 local (14H30 GMT).

La audiencia estará a cargo del juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, quien dictó orden de prisión preventiva por 18 meses contra los expresidentes Alejandro Toledo y Ollanta Humala, así como contra la esposa de este último, Nadine Heredia, entre otros.

El fiscal Hamilton Castro, quien lidera las pesquisas del caso “Lava Jato” en Perú, anunció el miércoles que formalizaba una investigación por delitos de lavado de activos y colusión contra tres empresas peruanas socias de Odebrecht en la construcción de una carretera interoceánica. Las empresas involucradas son Graña y Montero, JJ Camet e ICCGSA (Ingenieros Civiles y Contratistas Generales), informó Castro.

Según la fiscalía, la decisión para investigar a esas empresas peruanas se tomó a “consecuencia de un paciente trabajo de corroboración en el marco del proceso especial del señor Jorge Barata”, exrepresentante de Odebrecht en Perú.

Odebrecht admitió en 2016 que hizo pagos ilícitos por $ 29 millones en Perú entre 2005 y 2014, durante las gestiones de Toledo, Alan García y Ollanta Humala, en el denominado caso “Lava Jato”, que golpeó a Brasil y a todo el continente.

Toledo fue acusado de haber recibido $ 20 millones por la interoceánica, en tanto que Humala y su esposa cumplen prisión preventiva de 18 meses por presuntamente haber recibido $ 3 millones de Odebrecht para su campaña presidencial de 2011.

La justicia peruana inició hace un año gestiones para extraditar a Toledo, quien vive en Estados Unidos.

Fuente: El Telégrafo