La Comisión de Fiscalización inició una investigación sobre presuntas irregularidades cometidas en la Universidad Andina Simón Bolívar desde el 2011. Una de ellas se relaciona con transferencias económicas que bordean los 10 millones de dólares a un beneficiario en Estados Unidos. Comparecieron delegados de cuatro instituciones públicas. En estas entidades hay algunos exámenes abiertos que todavía no pueden ser develados.

“Hemos tenido algunas denuncias ciudadanas que ya han sido conocidas a través de los medios de comunicación. Hay información que nos preocupara sobre afiliaciones inadecuadas, diferentes tipos de contratos de personas que cumplen el mismo rol, probables contrataciones a  empresas familiares y transferencias de dinero.  No se trata de manchar el bueno nombre de nadie, sino de que la comisión se convierta en intermediaria para, con la información que nos proporcionen las diferentes instituciones, conocer la verdad”, enfatizó la presidenta de la mesa, María José Carrión.

Delegados de la Contraloría General del Estado, del Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social (IESS), del Servicio de Rentas Internas (SRI) y del Registro Mercantil de Quito explicaron algunos procesos que se encuentran en estudio y otros que son regulares, como el caso de declaraciones del Impuesto a la Renta.

Por la Contraloría acudió el director jurídico, Wilson Vallejo. Explicó que como parte del Plan Anual de control de 2016 se inició un examen especial a los procesos de selección, contratación, ejecución y pago de remuneraciones, salarios, honorarios y otros beneficios del personal directivo, docente y administrativo, vinculados mediante contratos y nombramientos. Se lo realiza en el período comprendido entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2015.

Vallejo también expuso que ese estudio comprende los procesos de contratación de bienes y servicios, incluidos los de consultoría, recepción y pago de los productos derivados de estos y su utilización, respecto de los recursos transferidos por el Estado ecuatoriano a la Universidad.

Indicó que el trabajo de campo para este estudio es de 90 días y que hay un avance de 61. La fecha estimada para la recopilación de información es el 26 de mayo. Después se realizará el informe de base, por lo que, por ahora, no podría dar a conocer mayores elementos.

Así mismo, el IESS se encuentra verificando dos procesos: las aportaciones que ha efectuado la Universidad a los trabajadores y docentes, así como la jubilación del ex rector, Enrique Ayala Mora, porque, de acuerdo con el cruce de información que ha hecho esta institución, el ex directivo fue representante legal hasta septiembre del 2015, informó Alexandra Harnisht, directora nacional de afiliados. Sostuvo que estas investigaciones se encuentran cumpliendo el debido proceso y se ha hecho trámite a través de la Cancillería por ser una universidad internacional.

En el SRI las obligaciones mensuales y el impuesto a la propiedad de los vehículos la universidad ha cumplido, pero el Impuesto a la Renta no lo ha presentado porque no está obligada de hacerlo, en vista de que es un organismo internacional. Así lo informó la subdirectora general de Cumplimiento Tributario, Lorena Freire.

Explicó que está dispuesta una inspección contable que ha sido tramitada a través de la Cancillería, se revisará información, roles de pago, honorarios percibidos, retenciones del IR o IVA. También se ha hecho requerimiento de información al Produbanco y Banco Pichincha sobre transferencias.