La información del Caso Coopera ha sido desclasificada por la Secretaría Anticorrupción y la SEPS, con el objetivo de que la sociedad y los afectados tengan el derecho de acceso a la verdad.

Ivan-Granda
Con esta desclasificación se pretende que los afectados accedan a la verdad sobre el cierre de la entidad financiera. Crédito: El Telégrafo.

La Secretaría Anticorrupción y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria desclasificaron la información en el caso del cierre de la Cooperativa Coopera, disuelta en 2013.

Iván Granda, secretario Anticorrupción de la Presidencia de la República, presentó “la resolución para que la ciudadanía, sociedad civil y defensores de afectados cumplan con su derecho de acceso a la verdad”.

El caso se originó entre octubre de 2012 y mayo de 2013, luego de que a Coopera ingresaran alrededor de USD 48 millones provenientes de Venezuela a través de empresas falsas y mediante el sistema de intercambio comercial Sucre.

“Se trata del mayor caso de lavados de activos en el Austro: Coopera acumuló pérdidas por casi USD 50 millones al momento de su cierre. Fueron más de 113 mil familias de Azuay y Guayas afectadas“, dijo Granda en rueda de prensa este martes 13 de agosto.

Margarita Hernández, superintendenta de Economía Popular y Solidaria, detalló que las resoluciones de la Cooperativa fueron catalogadas como reservadas, pero se descalificaron al encontrar inconsistencias en movimientos financieros.

En este caso, el expresidente de la desaparecida cooperativa de ahorro y crédito Coopera, Marcelo Enrique V.V., quedó en libertad en julio pasado. A este se lo procesó por presunto delito de lavado de activos. Sin embargo, se benefició de un habeas corpus preventivo dictado por un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia.

Al respecto, Granda informó que se presentó una queja ante el Consejo de la Judicatura.

Fuente: El Telégrafo – Nota Original: LINK