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El Gobierno de Ecuador reiteró su posición de transparentar toda la información referente al caso del secuestro y asesinato de los tres miembros del equipo de prensa de Diario El Comercio.

El Telégrafo

Edison Lanza, relator especial de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), destacó las facilidades y apertura de las autoridades ecuatorianas para colaborar con el Equipo de Seguimiento Especial del organismo. Rosana Alvarado, ministra de Justicia, sostuvo que los familiares de las víctimas recibieron, el pasado 14 de mayo, “toda la información entregada por los ministerios involucrados en el tema”.

“Ellos resolvieron mantenerla en un bóveda hasta que ayer (miércoles 25 de julio) la entregaron a la CIDH”, añadió Alvarado. La ministra recalcó que sí existe información relevante en este caso, “pero no olvidemos que hay una parte de la información (reservada) que está en manos de la Fiscalía General del Estado.

Sobre esa información los familiares tienen completo acceso, en compañía de sus abogados”. Alvarado resaltó que el presidente de la República, Lenín Moreno, pidió a los organismos internacionales que verifiquen el proceder del Estado ecuatoriano en este tema. En ese sentido, señaló, se conformó el equipo de seguimiento especial de la CIDH.

“Vienen a coadyuvar en el proceso de información”, apuntó la ministra. Y añadió que las acciones del Gobierno ecuatoriano eran conducentes a recuperar a nuestros compatriotas con vida. Dijo que comprenden la posición de la familia y, “si es que ha faltado algo, no habrá problema en completar”. No obstante reiteró que de lo entregado “hay información valiosa”. Andrés Michelena, secretario nacional de Comunicación, sostuvo que el presidente Lenín Moreno ha seguido de cerca el caso.

“Me ha pedido que explique no permitirá que ninguna institución e instancia pública oculte información, bajo ninguna excusa”, subrayó. Lanza destacó la importancia, a partir de este proceso, en recomendar políticas públicas en la protección de los periodistas en situaciones de riesgo elevado.

Fuente: El Telégrafo