Solo tres legisladores dieron sus votos a favor del documento, que sugería al presidente Guillermo Lasso que reconsidere el nombramiento del ministro de Energía, Xavier Vera, por haber “claro conflicto de intereses”.

Foto: Asamblea Nacional

La Comisión de Fiscalización no logró, este 29 de septiembre de 2022, aprobar el informe de investigación sobre la central Coca Codo Sinclair y el caso INA Papers. El informe, propuesto por el asambleísta Fernando Villavicencio, solo obtuvo tres votos a favor, en contraste con los tres votos en contra y dos abstenciones.

La negativa al informe se da en un momento complicado para la Comisión. Villavicencio anunció su renuncia a la presidencia de la mesa legislativa, después de que el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) aprobara una queja en su contra.

Pero además, dentro de la Comisión, Villavicencio perdió esta vez el apoyo de la bancada de Gobierno. Los legisladores oficialistas optaron por la abstención, y el correísmo votó en contra. Villavicencio solo obtuvo el apoyo de Bruno Segovia (independiente) y Pedro Velasco (independiente-BAN).

Estas posiciones se dan frente a un informe crítico con los gobiernos de Rafael Correa, Lenín Moreno y hasta el de Guillermo Lasso. El documento incluía 13 recomendaciones. Una de ellas sugería “reconsiderar” la designación al cargo de Xavier Vera como ministro de Energía y Minas. El documento asegura que “se ha demostrado que existe un claro conflicto de intereses” dado que familiares de Vera son parte de una empresa que conforma la asociación CVA, fiscalizadora del proyecto.

El informe pone especial énfasis en las 17.499 fisuras halladas en la central entre 2015 y 2022, algo que ha ido empeorando con el paso del tiempo. Por ello, la principal recomendación del informe es que Lasso no reciba de forma definitiva la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, porque “las fallas y fisuras presentes en la infraestructura de la planta no garantizan la vida útil de la central”, estimada en 50 años.

“La suerte de este proyecto -que costó al país más de USD 3.311 millones- requiere de una decisión presidencial que evite que el país reciba una obra que contiene graves fallas estructurales”, dice una de las recomendaciones del informe de la Comisión de Fiscalización.

Fuente: Primicias – Nota original: LINK