El Gobierno presentó este 12 de septiembre la propuesta de Consulta Popular y los anexos respectivos a la Corte Constitucional para que realice las observaciones pertinentes del texto y determine la viabilidad.

Créditos: El Comercio (Facebook CNE)

Una vez entregado las ochos preguntas que contempla la propuesta de la Consulta Popular para el 2023, planteada por el Ejecutivo, la Corte Constitucional (CC) tiene 20 días laborables para establecer el mecanismo para reformar la Constitución. Las interrogantes del texto se enfocan en tres ejes: Seguridad ciudadana, Calidad institucional y Medioambiente. En Notimundo Estelar, Gonzalo Muñoz, abogado Constitucionalista, analizó algunos de los principales temas planteados en el documento, y aseguró, que varias de las  preguntas representan posibles cambios sustanciales en las instituciones estatales.

Calidad institucional

Con respecto a la pregunta cuatro, sobre la propuesta de  reducción del número de legisladores en la Asamblea Nacional, el abogado aseguró que esta interrogante fue considerada en la reforma del 2020, por lo tanto, la CC mantendría su criterio respecto a su viabilidad para considerarse en el referéndum.

El Gobierno plantea crear un Consejo Fiscal para que el funcionamiento de la Fiscalía General del Estado no dependa del Consejo de la Judicatura (CJ), institución que se encarga de evaluar, seleccionar y sancionar a los fiscales. Munoz resaltó que esta propuesta implica cambios “bastantes profundos” porque se estaría suprimiendo una atribución “fuerte” al CJ, para transferirla a la Fiscalía, y la manera en la que que el Gobierno pretende realizar es por la vía de la enmienda constitucional, y no por una reforma parcial.

En la pregunta seis, en la cual se pretende cambiar la facultad de designación de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Muñoz consideró que este tema es “fundamental”, y reconoció, el apoyo de esta iniciativa por parte de varios sectores sociales, políticos y jurídicos. Insistió en que el Cpccs es un órgano que “desnaturaliza las funciones del Estado” y representa un “estorbo constitucional” para la República. El abogado sugirió “no solamente restarle las atribuciones” a la institución, planteó eliminarla mediante una reforma parcial, según lo dictaminado por el CC.

Seguridad

En relación a la propuesta de desarrollar un apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, Muñoz resaltó que esta pregunta ya tuvo un dictamen favorable por la CC, sin embargo, reconoció que las Fuerzas Armadas cuentan con una preparación especial para ejecutar una seguridad externa, por lo que, en “ciertos casos” podría presentarse actos de violación a los derechos humanos, por involucrar a las FFAA en el rol de seguridad interna del país.

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