El informe de evaluación que cesa en funciones a los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) sirve a los dirigentes de los partidos y movimientos a reclamar volver a su espacio en la política, e incluso a tomar acciones legales por afectar sus derechos de participación.

El Telégrafo

El CNE “ha aplicado criterios arbitrarios que han tenido consecuencias contrarias para los derechos de participación”, concluye el expediente elaborado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de transición (CPC), con base en el que fueron cesados.

Se citan las “vulneraciones” en contra del movimiento Ruptura de los 25, Pachakutik (PK); el Movimiento Popular Democrático (MPD) y la Izquierda Democrática (ID).

A Ruptura de los 25 –que fue afín a Alianza PAIS y se separó a raíz de la consulta popular del 2011– se los eliminó del registro electoral en julio del 2014, porque no se habían presentado a elecciones. En ese entonces, el Consejo Electoral había argumentado que “si la organización política no se presenta a participar, no tiene sentido su existencia”.

María Paula Romo, una de las principales líderes de aquel grupo, espera que el acto se declare nulo y que se les incluya en el registro y así “volver a la vida política del país”.

Al MPD se lo eliminó porque no habría alcanzado cuatro representantes en la Asamblea. Geovanni Atarihuana, de Unidad Popular (formado con bases del MPD), cree que el Estado debe reparar la vulneración, y devolverlos al registro. “En su momento decidiremos si nos fusionamos o no. Pero no descartamos tomar medidas penales”, advirtió.

A PK no se le ha asignado el Fondo Partidario Permanente desde el 2014, porque había cumplido “con tres de cuatro requisitos”. Su coordinador, Marlon Santi, cree que se les debe reintegrar más de $ 1 millón que no han recibido.