En un evento por los 37 años de cantonización de Sushufindi (Sucumbíos) realizado este 7 de agosto, Llori se dirigió a sus simpatizantes y negó que haya dado la orden de comprar vehículos de alta gama, aunque sí se “discutió”.
“Dicen que en la Asamblea estamos despilfarrando el dinero y estamos comprando vehículos de alta gama. No es cierto. (…) Solo se discutió, porque la Asamblea tiene un parque automotor obsoleto, que a veces mi seguridad, mis choferes deben bajar a empujar un carro para poder llegar a la Asamblea, eso es vergonzoso. Y ahora estoy utilizando mis propios carros. Tengo yo los informes de seguridad y choferes de que estoy utilizando mi carro”, explicó Llori.
Y prosiguió: “(…) Dos amargados: Fernando Villavicencio y Bruno Segovia tienen odio y violencia política en contra de una mujer amazónica, como es Guadalupe Llori. Todos pueden tener vehículos, excepto Guadalupe Llori. Les cuento que jamás, jamás, se dio la orden de contratación porque no había recursos”, dijo la autoridad.
En esa línea, anunció que este jueves se pronunciará sobre el tema y presentará pruebas y documentos de que no se inició un proceso de contratación en el portal de Compras Públicas.
Aprovechará para presentar una queja “frente a ese odio, discriminación, violencia contra una mujer amazónica, como soy yo presidenta de la Asamblea. Voy a ponerles la queja y les aseguro que como presidenta cuidaré sagradamente los recursos. Los utilizaré de manera responsable”.
También aseguró que “es mentira” que el Legislativo gastó $ 360.000 para la organización de un acto en Orellana para la presentación de la agenda parlamentaria que se realizó días atrás; sino que apenas fueron $ 15.000, porque hubo autogestión.
A finales de julio, el asambleísta Segovia alertó que se había abierto un proceso de compra de seis vehículos de alta gama, cuyo costo bordeaba los $ 60.000 cada uno.
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, apoyó a Segovia y confirmó que se había abierto este procedimiento de compra, por lo que solicitaría formalmente a la Presidencia de la Asamblea una justificación.
Se aclaró que no se denunciaban posibles hechos irregulares, sino que el país enfrenta momentos de crisis económica.
Y anotó que la Asamblea Nacional asumirá su “responsabilidad política” en el proceso de juicio político al excontralor subrogante de la Contraloría General del Estado, Pablo Celi.
“Queremos que todos los juicios políticos sigan y se respete el debido proceso y no podemos dar la oportunidad a los acusados para que utilicen mañas jurídicas. La Asamblea asume la responsabilidad política de no dejar en la impunidad, pese a la negligencia cometida por Fernando Villavicencio”, anotó.
Nota Original: El Universo – LINK
