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La Comisión de Fiscalización recibirá las pruebas de cargo contra la entidad. Convocaron a Alexis Mera, exsecretario jurídico presidencial.

El Telégrafo

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional recibe hoy las pruebas de cargo para el juicio político contra los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ). La cita que está planteada para las 14:00 contará con la presencia de los asambleístas proponentes del juicio político, Esteban Bernal (CREO) y Raúl Tello (Unidos Por Pastaza) para que presenten las pruebas que validan el trámite. Como segundo punto del orden del día, la mesa también convocó a Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia durante el gobierno de Rafael Correa. Además asistirá Hernán Ulloa, abogado de algunos jueces destituidos por el CJ; Pablo Cordero Díaz y Sonia Quezada jueces cesados; Jorge Rodríguez, como representante de la Comisión Nacional Anticorrupción y un representante de Human Rights Watch. Los comparecientes deberán informar sobre los hechos denunciados en contra del CJ. Bernal aclaró que lo que se busca con este trámite es “la institucionalización de la justicia ecuatoriana”.

Los asambleístas proponentes presentaron 44 pruebas que hoy serán expuestas a los asambleístas de la mesa de Fiscalización. El 27 de septiembre de 2017, Bernal y Tello presentaron por primera vez la solicitud, sin embargo fue rechazada en el Consejo de Administración Legislativa. En ella incorporaron 40 pruebas. El 18 de abril pasado insistieron en el trámite y a las 40 pruebas ya expuestas adjuntaron cuatro más. Entre ellas se encuentra el informe de contraloría que establece que “la Judicatura habría otorgado nombramientos a agentes fiscales con puntaje menor, dejando de lado a aquellos que alcanzaron mejores resultados en el año 2016”, resaltó Bernal.

El acto urgente presentado por la Fiscalía General del Estado en contra del presidente del CJ, Gustavo Jalkh por un presunto tráfico de influencias, también se incorporó. Además el informe de la aplicación del error inexcusable que se determinó a un funcionario administrativo en Imbabura. “Este trámite es solo aplicado a jueces, fiscales y notarios”, dijo Bernal. El informe y expediente presentado por la Comisión Anticorrupción ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, respecto a la mala procedencia de los nombramientos de fiscales provinciales, son otras pruebas que fueron adjuntadas y serán detalladas en la sesión.