En ese sentido, Oyarte expresó que el país recibe ingresos tributarios y no tributarios. Aseguró que la extracción de metales ya fue consultada en dos ocasiones. «No sé qué se pretende debatir aquí», agregó el abogado.
En cuanto al control de las empresas mineras, Oyarte dijo que estas se pueden controlar y enjuiciar en caso de no cumplir con los contratos ambientales. A diferencia de la extracción ilegal que no permite tener un seguimiento específico por parte de las autoridades.
