La falta de consensos entre trabajadores y empleados, durante la reunión del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, el pasado 17 de noviembre, dejó en manos del Gobierno el incremento salarial para 2023. En Notimundo al Día, Juan Carlos Díaz-Granados, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil, señaló que no es momento de que se dé el alza y que la medida debe responder a criterios técnicos y no políticos.

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En Notimundo al Día, Juan Carlos Díaz-Granados, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG), explicó que con la inflexibilidad laboral que existe en Ecuador, el incremento del Salario Básico Unificado (SBU), bajo parámetros que no responden al cálculo del índice proyectado de inflación para 2023, afecta la creación de empleo.

Añadió que cuando la medida se toma sin criterios técnicos, se restringe la contratación. Esto debido a que el sistema de negocios del país no considera distintas modalidades de trabajo, como los contratos por proyecto, de prueba por 180 días o a plazo fijo, sino que se basan en una estructura obsoleta, que no se adapta al siglo XXI. Al final, dijo Díaz, esto afecta a 7 de cada 10 ecuatorianos que no cuentan con un empleo formal.

Lo que se necesita, según el Director de la CCG, es que la población ingrese al círculo virtuoso de la economía y que con sus sueldos puedan, por ejemplo, comprar en las tiendas de barrio, para que a su vez el negocio crezca y requiera mayor personal, con lo que se pueda ofrecer empleo mediante la flexibilidad laboral. «Al generarse este círculo virtuoso, incluso el Estado recibe más tributos«, acotó.

En este sentido, señaló que el incremento que se propone desde el Gobierno, que fue de USD 25 durante cada año de gestión, está por encima de la proyección de la inflación de 2023, que será del 2.76%. Detalló que en países que tienen una mejor economía, como Chile y Colombia, no solo miden ese indicador sino también la productividad, y aun así tienen un salario más bajo.

Díaz-Granados explicó que el poder adquisitivo en el país se puede mejorar por otras vías que no impliquen ese incremento, como la reducción de aranceles, que están entre los más altos de la región, en un 9.5%. En países vecinos, el índice está en 2% o 1%.

Asimismo, sostuvo que la reducción de la presión tributaria representaría que al importar productos se aumente la competitividad. «Esa sería una solución que sí tiene lógica y sentido común para lograr que los trabajadores tengan el poder adquisitivo que se requiere en Ecuador, que se ha convertido en un país tremendamente caro«, acotó.

Criticó el incremento salarial que se dio en 2021, pese a que se registró la productividad más baja de la última década. Esto pasa cuando se responde a criterios políticos, y no técnicos, puntualizó.

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