La comisión fijó esa fecha en vista de que acogió el planteamiento del asambleísta Fernando Bustamente sobre la necesidad de incluir en el informe el marco jurídico histórico que se encontraba vigente el momento de la adquisición de las aeronaves. Explicó que la compra de los aparatos se basó en la normativa vigente desde los años 50 y que el Ministerio de Defensa tenía en sus archivos decretos ley que no constan en el Registro Oficial, pero que estaban amparados en las leyes de la época.
El texto de estos antecedentes lo elaborará el propio asambleísta y lo entregará el viernes, a fin de que conste en el informe final. La presidenta de la comisión, María Augusta Calle, manifestó que se respaldó esta propuesta para mejorar el documento y cumplir el mandato de forma responsable, criterio con el que coincidieron Eduardo Zambrano y Soledad Vela.
“Será una redacción políticamente responsable”, señaló Bustamante, tras precisar que el informe tal como está es bueno, aunque es importante que se recoja este contexto histórico, porque permitirá fortalecer las conclusiones.
La mayoría de observaciones presentadas por los parlamentarios Verónica Arias, Fernando Bustamante, Raúl Auquilla, Dora Aguirre y María Augusta Calle corresponden a correcciones de forma, de fechas, conceptos técnicos en el glosario, entre otros.
En febrero de 2015 el Consejo de Administración Legislativa (CAL) dispuso a la comisión realizar un estudio destinado a consolidar toda la información disponible sobre la adquisición de las aeronaves. Para el efecto, la mesa realizó una larga investigación que incluyó análisis de expedientes, entrevistas, consultas y comparecencias de actores claves en la mencionada contratación.
