José De la Torre Prado enfrenta una investigación policial en Miami, donde fue detenido con $ 250 mil dólares cuya procedencia no justificó, se lo acusa de presunto lavado de activos.

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José De la Torre es investigado por supuesto lavado de activos. Crédito: El Telégrafo.

Una investigación por el presunto delito de lavado de activos se inició en contra de José Raúl De la Torre Prado, exfuncionario de la estatal Petroecuador.

Esto, luego de que fuera detenido en Miami (Florida) por supuesto traslado de $ 250.000 sin justificar su procedencia. De la Torre viajaba con Roberto Barrera, también exfuncionario de la compañía.

Apenas se confirmó la detención, la empresa emitió un comunicado en el que confirmó que el ciudadano se desempeñó como asesor, pero “fue desvinculado de la estatal petrolera mediante acción de personal del 14 de junio de 2019”, debido a “incumplimiento de responsabilidad”.

En el documento, la empresa añadió que las labores que cumplió De la Torre “eran exclusivamente de asesoría” y no fueron relacionadas con gestión ni administración.

“La única delegación que mantuvo tenía relación con la empresa de economía mixta Refinería del Pacífico Eloy Alfaro”, la cual se encuentra en proceso de liquidación.

El contralor General del Estado, Pablo Celi De la Torre, señaló que el detenido es un familiar con “parentesco lejano”.

Según Celi, “la persona que usted menciona tiene un parentesco lejano conmigo y ninguna relación directa en la actualidad”.

El funcionario advirtió que “es un caso indagado por la justicia de Estados Unidos, respecto del cual habrá que conocer cuáles son los sustentos de esa investigación”.

Entre otros cargos, De la Torre también fue asesor de la asambleísta María José Carrión en la Comisión de Fiscalización.

A través del oficio AN-WE-105 del 25 de junio, el asambleísta Washington Paredes envió una carta al ministro de Energía y Recursos No Renovables, Carlos Pérez, para que detalle los correctivos que se tomaron en la estatal petrolera.

Además, que indique las investigaciones realizadas para determinar el grado de participación en actos ilícitos por parte de las autoridades de Petroecuador.

Fuente: El Telégrafo – Nota Original: LINK