Los errores se dieron por parte de funcionarios de las dependencias del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y del Ministerio de Salud Pública (MSP).
La entidad no precisó el monto del perjuicio. Sin embargo, enumeró las tres principales falencias identificadas.
Se analizaron 77 informes de auditoría, aprobados entre 2018 y 2021, en los cuales se examinó las adquisiciones y administración de insumos médicos y medicamentos entre 2013 y 2021.
La primera irregularidad es la “falta de mecanismos adecuados para el control y administración de inventarios en bodegas y farmacias”.
Eso, según la institución de control, ocasionó el desabastecimiento en las unidades médicas, inconsistencias en los registros, desconocimiento de la cantidad de fármacos e insumos disponibles, falta de información sobre su uso y destino.
Los funcionarios del IESS y del MSP no realizaron los trámites para el canje de productos caducados o próximos a caducar. Tampoco los almacenaron en espacios adecuados. No realizaron gestiones para recuperar préstamos a otras dependencias.
Esto derivó en que los centros de salud y hospitales no contaron con los elementos para atender las necesidades de los pacientes.
La segunda irregularidad son los errores en la selección de proveedores. “Las comisiones conformadas para la calificación no verificaron el cumplimiento de requisitos mínimos, ni la veracidad de la documentación que respaldó las ofertas”.
Esas falencias permitieron que se adquieran medicamentos sin certificaciones ni registros sanitarios. Los proveedores no contaron con permisos de funcionamiento y no garantizaron la calidad de los insumos.
Como tercera irregularidad está el incumplimiento de las obligaciones contractuales, por parte de los proveedores del Estado.
Eso influyó en que se retrase la ejecución de los contratos, la aprobación injustificada de prórrogas, fármacos que incumplieron las especificaciones técnicas y contratistas que no entregaron todos los productos.
La Contraloría asegura que en estos casos “las instituciones públicas no aplicaron las multas establecidas en los contratos, afectando los recursos institucionales”.
Fuente: El Comercio – Nota original: LINK
